ENS
Nº4 – año:2015
ASIGNATURA:
Historia
PROFESOR:
Federico Cantó
AÑO Y
CURSO: 5º5ª
La República en crisis -
(1955-1968)
Adaptación
del texto de JOSÉ LUIS ROMERO. BREVE
HISTORIA DE LA ARGENTINA,PRIMER TOMO.CAPÍTULO XIV.
Luego del golpe, las diferencias entre
los grupos que habían derribado a Perón se manifestaron de inmediato. Los
sectores nacionalistas y católicos, algunos de ellos comprometidos con el
régimen peronista durante largo tiempo, inspiraron la política del presidente
Lonardi, quien proclamó que no había "ni vencedores ni vencidos".
Hubo un intento de acercamiento a los dirigentes sindicales, bien dispuestos a
tratar con los vencedores, pero éste no llegó a cuajar: el 13 de noviembre de
1955 los sectores liberales y rígidamente antiperonistas, nucleados en torno
del vicepresidente Rojas, separaron a Lonardi y colocaron en su lugar al
general Pedro Eugenio Aramburu.
Desde entonces, las figuras de
tradición liberal - conservadores y radicales, abogados y empresarios-
predominaron en la administración y fijaron la posición del gobierno, que fue
definida explícitamente como una prolongación de "la línea de Mayo y
Caseros". La fórmula significaba un retorno al liberalismo; pero aplicada
a la situación del momento expresó la adopción de una actitud conservadora,
especialmente en materia económica y social. En materia económica, el acento
fue puesto en la libre empresa, a pesar de que el economista Raúl Prebisch, a
quien se le encargó la elaboración de un diagnóstico económico, había
recomendado que el Estado conservara "los resortes superiores de la
intervención". Esa tendencia repercutió sobre la política laboral, aun
cuando el gobierno no acertó a fijar una línea en ese terreno. Los empresarios
aprovecharon el debilitamiento de las organizaciones sindicales, que fueron
intervenidas y, ante la prescindencia del Estado, procuraron limitar las
conquistas que los asalariados habían obtenido en los últimos años.
Estallaron entonces huelgas y
conflictos gremiales, que fueron severamente reprimidos, y los sectores obreros
se agruparon alrededor de la bandera de Perón, produciéndose una exaltación
nostálgica de la época en que habían sido protegidos por el Estado. No faltó el
intento revolucionario desencadenado por jefes, oficiales y suboficiales del
ejército adictos a Perón. El movimiento estalló en La Plata y el gobierno lo
reprimió con desusada energía, no vacilando en aplicar la pena de muerte a los
principales comprometidos. La medida causó estupor en muchos sectores y
contribuyó a ensanchar el abismo que separaba a los derrotados de los
vencedores.
Proscripto el peronismo, el gobierno
estimuló la acción de los viejos partidos políticos y constituyó la Junta
Consultiva, de la que sólo quedaron excluidos los partidos de extrema izquierda
y extrema derecha. En su seno se debatieron ampliamente importantes problemas,
advirtiéndose la aparición de contrapuestas corrientes de opinión frente a cada
uno de ellos. El gobierno demostró su decisión de acelerar la normalización
institucional del país. Para prepararla, convocó una convención para la reforma
de la Constitución, que se reunió en Santa Fe y congregó a representantes de
casi todos los partidos, por haberse puesto en práctica el principio de la
representación proporcional. El hecho político sobresaliente de ese período fue
la división de la Unión Cívica Radical en dos sectores -la UCR Intransigente y
la U.C.R de Pueblo- bajo las direcciones de Arturo Frondizi y Ricardo Balbín,
respectivamente. La U.C.R.I había comenzado a adoptar una actitud de oposición
frente al gobierno, acusándolo de seguir una política antipopular. En las
elecciones de convencionales de 1957 los dos sectores del radicalismo
demostraron una paridad de fuerzas mientras los votos en blanco, que reunían al
electorado peronista, constituían la mayoría. Para forzar al electorado en las
futuras elecciones presidenciales, la UCRI decidió retirarse de la Convención.
Por esa y otras causas el cuerpo no pudo cumplir su cometido y se limitó a
establecer la vigencia de la Constitución de 1853, con el agregado de una
declaración que instituyó los derechos sociales, entre ellos el de huelga.
Para las elecciones presidenciales que
se avecinaban, el candidato presidencial de la U.C.R.I, Arturo Frondizi,
gestionó y obtuvo el apoyo de los votos peronistas, obteniendo la mayoría en
las elecciones del 23 de febrero de 1958. Algunos sectores militares miraron con
recelo esa reaparición de los vencidos de 1955 y no faltó quien pensara que
podía producirse un golpe de estado que impidiera la normalización
constitucional, pero el presidente Aramburu se mantuvo firme en su promesa y
entregó el poder a su sucesor. En la etapa electoral, Frondizi había propuesto
la integración de un vasto frente, en el que debían reunirse empresarios,
obreros, sectores intelectuales, eclesiásticos y hasta militares, para impulsar
al país a dar un gran salto en su desarrollo. Insistía en la urgencia de renovar
la infraestructura y desarrollar un sector de industrias básicas, único camino
para iniciar un crecimiento económico integrado. Aunque su lenguaje moderno y
atractivo atrajo a muchos, el frente en definitiva se limitó a un pacto electoral
entre Perón, depositario de los votos obreros, y Rogelio Frigerio, asesor de
Frondizi y cabeza de un grupo de técnicos que aspiraban a hacer de puente entre
los grupos empresarios nacionales y los inversores extranjeros, que por
entonces manifestaban decidido interés por instalarse en la Argentina.
De los capitales extranjeros,
precisamente, se esperaba el impulso fundamental. La ley de Radicación de
Capitales les concedió condiciones harto atractivas, reforzadas por la ley de Promoción
Industrial; en materia energética, el propio presidente condujo la negociación,
que culminó con una serie de contratos para la exploración y explotación de las
reservas petroleras. Paralelamente, el gobierno solucionaba la situación de las
empresas eléctricas, adquiriendo el equipo instalado y constituyendo la empresa
S.E.G.B.A, con mayoría estatal. En esos años la entrada de capitales
extranjeros, especialmente norteamericanos, fue muy importante, desarrollándose
rápidamente las industrias básicas, como la petroquímica y la siderúrgica, y
también la automotriz.
Los primeros meses de gobierno fueron
de acelerada expansión, acentuada por un aumento masivo de salarios que en
parte, retribuía el apoyo electoral de los sectores obreros. La inflación que
desató obligó pronto a aplicar fórmulas económicas más ortodoxas: al Plan de
Estabilización y Desarrollo de diciembre de 1958 siguió, en junio de 1959, la
incorporación como ministro de Economía del ingeniero Álvaro Alsogaray, campeón
de la política económica ortodoxamente liberal y declarado enemigo del grupo encabezado
por Frigerio. Alsogaray aplicó en los dos años siguientes un programa estabilizador
ortodoxo: restricción crediticia, reducción del déficit fiscal, congelamiento
de salarios, fuerte devaluación y supresión de los subsidios que, a través de
tipos de cambio preferenciales, recibían muchas empresas nacionales. El costo
social de esta política fue muy alto, especialmente por la secuela de cierres y
la creciente desocupación. Pasado el peor momento de la crisis, y cuando
comenzaba una nueva fase expansiva, Alsogaray fue reemplazado y se retomó,
parcialmente, la política originaria.
Las condiciones mismas de la economía
hicieron que estas crisis se repitieran periódicamente; en esos años se vieron
agravadas por la casi crónica crisis política de un gobierno que, carente de
fuerza propia, se vio permanentemente atenazado por el sindicalismo peronista y
por los sectores militares. El gobierno cumplió parte de sus compromisos con el
sindicalismo peronista: se sancionó la ley de Asociaciones Profesionales, que
daba una gran capacidad de maniobra a los dirigentes, y en 1961 se
normalizó
la C.G.T. A pesar de que el gobierno llegó a contar con un grupo de dirigentes adictos,
la oposición sindical fue creciendo en intensidad, sobre todo luego de la
aplicación del Plan de Estabilización de 1959. En enero de 1959 fue necesario
ocupar militarmente el Frigorífico Nacional, para desalojar a los obreros que
resistían la intervención. En mayo, Perón denunció el pacto firmado con
Frigerio en vísperas de las elecciones, lo que motivó el alejamiento del asesor
presidencial, y desde entonces creció la resistencia sindical, agravada por
reiterados actos de sabotaje.
Tampoco eran fáciles las relaciones
con las fuerzas armadas, que desconfiaban de la versatilidad del presidente. Ya
en 1958 se produjeron los primeros "planteos" (fórmula con la que se
empezaron a conocer las perentorias exigencias de las Fuerzas Armadas), que se
fueron agravando a medida que el estado deliberativo ganaba las filas
militares. Ante cada coyuntura, los distintos jefes expresaban opiniones
diferentes y no faltaron, en 1959, episodios en los que grupos antagónicos
estuvieron a punto de dirimir sus diferencias a cañonazos en plena ciudad.
Frente a las reiteradas presiones, el presidente optó por tratar de salvar su
cargo y no vaciló en sacrificar, una y otra vez, a cada uno de sus cuestionados
colaboradores civiles o militares.
En marzo de 1960 dispuso la aplicación
del llamado Plan Conintes, por el que las Fuerzas Armadas asumían la tarea de
enfrentar la creciente oposición generada en los sectores obreros. La política
exterior de Frondizi creó un nuevo campo para las fricciones. El lanzamiento
del programa de la Alianza para el Progreso por el presidente Kennedy -mirado
con desconfianza por buena parte de los sectores tradicionales de ambas
Américas— encontró en Frondizi un entusiasta partidario. Simultáneamente se
había producido la crisis cubana, y el movimiento revolucionario del Caribe
suscitaba en Buenos Aires una amplia ola de simpatía, en virtud de la cual en
1961 fue elegido senador por la Capital el socialista Alfredo L. Palacios.
Frondizi se propuso mediar entre Estados Unidos y Cuba, y comenzó a
desarrollar, en materia de política exterior, una línea cada vez más
independiente. Sus entrevistas con el presidente brasileño Quadros —otro
heterodoxo— y luego con el ministro cubano de Industrias, Ernesto Guevara,
suscitaron una creciente oposición entre los mandos militares, quienes lo
obligaron finalmente a romper relaciones con Cuba, a pesar de que poco tiempo
antes Frondizi había declarado enfáticamente que no lo haría. Sin embargo, el
problema más complejo era el electoral, y en él se jugaba su suerte un gobierno
cada vez más huérfano de apoyo.
A través de los partidos
neoperonistas, los vencidos de 1955 se aprestaban a volver a la escena
política, y el partido oficial procuró convertirse en la alternativa a lo que
muchos juzgaban su inevitable triunfo. El desplazamiento de Alsogaray del
ministerio de Economía permitió retomar una política más flexible, en la que
abundaron las dádivas de inequívoco sabor preelectoral, al tiempo que se
procuraba polarizar en torno de la U.C.R.I a todo el electorado antiperonista.
El camino a la elección de marzo de 1962 constituyó una suerte de gigantesco
equívoco, pues los peronistas, que dudaban de las ventajas de un triunfo
especularon con la posibilidad de ser proscriptos y ofrecieron un elenco de
candidatos francamente irritativos, especialmente en la provincia de Buenos
Aires. Alentado por algunos éxitos previos, el gobierno prefirió arriesgarse a vencerlos
en las elecciones y fracasó: mientras los radicales del pueblo triunfaban en
Córdoba y el partido oficial sólo se anotaba un éxito significativo en la
Capital Federal, los partidos peronistas ganaban ocho provincias, entre ellas
la de Buenos Aires.
Esto selló la suerte del gobierno:
anticipándose a lo que juzgaba una segura exigencia militar, el presidente
decidió intervenir las provincias en que habían triunfado los peronistas,
aunque no logró con ello evitar su deposición, apenas demorada unos días por la
visita que por entonces realizaba el príncipe de Edimburgo. El 29 de marzo de
1962 los jefes militares detenían al presidente Frondizi y lo confinaban en la
isla Martín García; concluía así, con un rotundo fracaso, el primer intento de
encontrar una solución a la crisis política iniciada en 1955. Mientras los
jefes militares deliberaban sobre el rumbo a seguir, José María Guido,
presidente provisional del Senado y primero en la línea sucesoria institucional
(el vicepresidente electo había renunciado en 1958) se presentaba
sorpresivamente ante la Corte Suprema de Justicia y prestaba juramento como
presidente. Poco después, los comandantes militares aceptaban esta situación,
cuando el flamante mandatario se comprometió a anular las elecciones,
intervenir todas las provincias y declarar el Congreso en receso. Se conservaba
así un remedo de legalidad, y en ello radicó la fuerza de un presidente
permanentemente sometido a las imposiciones de los distintos grupos militares.
La crisis política había agravado la crisis
económica cíclica, y se decidió aplicar rápida y enérgicamente la conocida
fórmula estabilizadora: el ministro Federico Pinedo efectuó una violenta
devaluación del peso, que sumió la actividad económica en el marasmo; aunque al
cabo de dos semanas fue relevado, su sucesor, el ingeniero Alsogaray, continuó
aplicando las mismas fórmulas, aunque con más prudencia.
El año 1962 fue difícil en lo
económico y también en lo político. Dentro de las Fuerzas Armadas la
deliberación llegó a su grado más alto y condujo a repetidos enfrentamientos
abiertos. Se discutía, sobre todo, la pertinencia de intentar una nueva salida
electoral, visto que de uno u otro modo la decisión quedaba en definitiva en
manos de los votos peronistas. A esto se agregaba la creciente desconfianza que
algunos sectores tenían hacia los dirigentes políticos en general, e iba
cobrando cuerpo la idea de un gobierno puramente militar. Esta opinión no era
por entonces unánime y, frente a esa tendencia, caracterizada por un estricto
liberalismo en materia económica y una firme posición antiperonista, se fue
constituyendo otra, proclive a una salida electoral que resguardara la
legalidad, pero preocupada, sobre todo, por la creciente politización de las
Fuerzas Armadas.
La vuelta a la legalidad era para esos
jefes militares el único camino para que las Armas retornaran a la senda
profesional. En septiembre de 1962 la situación hizo crisis en el ejército, y
los dos bandos, conocidos como colorados y azules (colores que identificaban a
los contendientes en los juegos de guerra académicos) llegaron a un choque
armado que tuvo por escenario las calles de la capital. Triunfó el grupo azul,
legalista, cuyo jefe, el general Onganía, fue designado comandante en jefe del
Ejército. Todavía hubo un nuevo episodio de este enfrentamiento cuando la
Marina, simpatizante con el grupo colorado, pero voluntariamente marginada de
los incidentes anteriores, se rebeló en abril de 1963. El enfrentamiento fue
entonces mucho más violento y la victoria de los azules, concluyente. La salida
electoral, sin embargo, no dejaba de ofrecer dificultades. Originariamente el
gobierno estimuló la formación de un gran Frente Nacional, que incluyera a
todas las fuerzas políticas, pero en definitiva éste se limitó a un acuerdo
entre el peronismo y algunos partidos menores. La fórmula presidencial que
presentó, aceptable inclusive para muchos antiperonistas, fue finalmente vetada
y el Frente no concurrió a elecciones.
En cambio se presentó el general
Aramburu, postulado por un partido nuevo formado apresuradamente, la Unión del
Pueblo Argentino, que ofrecía al electorado antiperonista la seguridad del
respaldo militar. El 7 de julio de 1963 los votos en blanco fueron otra vez muy
importantes pero, gracias al aporte de una parte de los votos peronistas, la
Unión Cívica Radical del Pueblo ocupó el primer puesto, con apenas algo más del
25% de los sufragios. En el Colegio Electoral hubo acuerdo para consagrar
presidente a su candidato, Arturo Illia. Carente de una sólida mayoría
electoral y con pocos apoyos entre los restantes factores de poder, el gobierno
encabezado por el Dr. Illia apenas pudo ofrecer un elenco honorable y una
conducción mesurada, suficiente seguramente para un período normal, pero
incapaz de elaborar una alternativa imaginativa y sólida para la casi crónica
crisis política.
Durante su campaña, el partido había
hablado de nacionalismo económico, de intervención estatal y de protección a
los consumidores, y estos principios orientaron su política económica. Buenas
cosechas y una mejora en la balanza de pagos permitieron un aumento relativo de
los salarios y un estímulo a la demanda, con lo que se solucionó la
desocupación y se puso fin a la aguda crisis cíclica. La sanción de la ley de
Abastecimientos procuró, con poca eficacia, defender a los consumidores,
mientras que retiraba parte del apoyo crediticio a las grandes empresas,
derivándolo a las pequeñas, de capital nacional. Los contratos petroleros
firmados por Frondizi fueron anulados y, finalmente, renegociados, al tiempo que
se modificaba el acuerdo con S.E.G.B.A., asegurando la mayoría estatal en la
conducción.
Esta política nacionalista no pasó de
allí, pero creó reticencias entre los inversores extranjeros, que cesaron de
hacer nuevos aportes. En lo económico, el estancamiento fue progresivo,
mientras que en lo político se advertía, con creciente claridad, que el
gobierno carecía de una salida posible. A principio de 1963 se normalizó la
C.G.T y los sindicalistas peronistas asumieron su conducción; el gobierno
procuró hostilizarlos sobre todo mediante la reglamentación de la ley de Asociaciones
Profesionales y el estímulo a los grupos sindicales minoritarios. Los
sindicatos se enfrentaron pronto con el gobierno y en 1964 lanzaron un
"Plan de Lucha" que concluyó con la ocupación pacífica por los
obreros de 1100 establecimientos fabriles. Por entonces se estaba
desarrollando, dentro del movimiento peronista, una tendencia a establecer
relaciones más flexibles y distantes con el ex presidente, por entonces residente
en Madrid.
El neoperonismo o peronismo sin Perón,
como querían sus críticos, creció en algunas provincias tradicionales y, sobre
todo, en el sector sindical, cuyos dirigentes descubrieron que los intereses de
las poderosas instituciones que manejaban a menudo no coincidían con los del
jefe en el exilio. Creció por entonces el predicamento de un dirigente singular,
el metalúrgico Augusto Vandor, artífice de una política que combinaba, en dosis
cambiantes, el enfrentamiento y la negociación. En las elecciones de Mendoza,
de principios de 1965, el neoperonismo decidió sostener un candidato poco grato
a Perón quien jugó toda su autoridad en apoyo de otro menos conocido pero
probadamente leal.
La división peronista favoreció en
definitiva el triunfo de sus adversarios, pero el líder exiliado logró vencer a
los disidentes y asegurar su hegemonía dentro del movimiento. Las elecciones de
1965 llevaron al Congreso Nacional muchos diputados neoperonistas, que hicieron
alardes de convivencia con sus colegas. Sin embargo, a nadie escapaba que las elecciones
de gobernadores en 1967 reactualizarían el problema que había provocado la caída
de Frondizi en 1962. Por entonces, las relaciones entre el Ejército y gobierno
eran cada vez más frías y, mientras se veía con preocupación la futura e
inevitable crisis, cobraba cuerpo entre los jefes militares la idea de
constituir un gobierno que, excluyendo a los partidos políticos, integrara a
las Fuerzas Armadas con los "factores reales de poder", sobre todo
empresarios y sindicatos.
Durante los meses iniciales de 1966,
mientras los dirigentes sindicales acentuaban su presión, una campaña
periodística minó el prestigio del gobierno, acusándolo de lento e ineficiente.
El 28 de junio de ese año los tres comandantes en jefe depusieron al presidente
Illia. La situación no era nueva —aunque sí lo era la dignidad con que el
presidente afrontaba su destino sin torcer su conducta—y ponía fin al segundo intento
para solucionar la crisis política iniciada en 1955.
La presencia de varios sindicalistas en la
ceremonia en que juró el nuevo presidente, general Juan Carlos Onganía, pareció
confirmar la existencia de un acuerdo entre el poder militar y el poder
sindical. Sin embargo, el flamante presidente dio pronto pruebas de no estar
dispuesto a compartir sus responsabilidades con nadie y los propios mandos
militares debieron dar un paso atrás. Por entonces Onganía no sólo tenía el
apoyo pleno de las Fuerzas Armadas, sino que gozaba de un vasto consenso
nacional, y había una suerte de confianza general en su capacidad para realizar
los cambios que a todos parecían urgentes.
De ese modo, el nuevo presidente pudo
anunciar, sin despertar mayores resistencias, que su gobierno crecía de plazos.
Actividades:
1. Identificá
mediante ítems las medidas económicas y políticas que implementó la
autodeniminada “ revolución libertadora”
2. Describí,
en menos de cien palabras, el contexto en que Frondizi accede a la presidencia.
3.
Enumerá
las medidas del “plan de estabilización” y determiná sus consecuencias.
4.
Justificá
con argumentos y citas del texto las siguientes afirmaciones:
a)
El
gobierno se vio presionado por el sindicalismo y las Fuerzas armadas
b)
Las
elecciones de marzo de 1962 provocan la caída de Frondizi
c)
La
política económica fue contradictoria
d)
En
1962 las Fuerzas Armadas se dividían en dos tendencias enfrentadas
5.
Describí
en menos de cien palabras, el contexto en que Illia accede a la presidencia.
6.
Identificá
mediante ítems las medidas políticas y económicas del período.
7.
El
neoperonismo buscó ser una alternativa de poder
8.
El
golpe del ´66 fue producido por una alianza económica, sindicalista y militar.
