Organización del Estado
Nacional.
Hacia mediados del siglo XIX,
la consolidación del capitalismo en Europa occidental dio lugar a la formación
de un mercado mundial y la división internacional del trabajo. El capitalismo
ofrecía perspectivas favorables para que nuestro país se insertara en este
nuevo modelo que proponían las economías industriales.
El desafío planteado en
nuestro país consistía en la implementación de un programa de modernización del
Estado impulsado por un poder centralizado capaz de controlar la política y la economía,
así como también de desarrollar un sentimiento compartido de nación entre sus
habitantes. Entre 1862 y 1880 se fue consolidando una nueva alianza social
formada por comerciantes y terratenientes, tanto del litoral como del interior,
interesados en impulsar y expandir las exportaciones agropecuarias demandadas
por el mercado internacional.
Esta posibilidad de organizar
un Estado centralizado hacía necesario someter las voluntades de los grupos
dominantes durante la etapa posterior a la independencia. Las autoridades
nacionales fueron tomando bajo su control funciones que hasta la firma de la
Constitución les correspondían a los Estados Provinciales. En este sentido los principales esfuerzos de
la consolidación del Estado se concentraron en la organización de un ejército
que monopolizara el uso de la fuerza y de una organización del sistema de
impuestos que permitiera sostener los gastos de la nueva estructura política.
Las primeras presidencias
nacionales fueron ocupadas por hombres que respondían a la ideología liberal y
bajo esta influencia modelaron al Estado Nacional entre 1862 y 1880, las
primeras magistraturas fueron ocupadas por Bartolomé Mitre, hasta 1868; Domingo
F. Sarmiento, hasta 1874; y Nicolás Avellaneda hasta 1880.
El Estado liberal debió crear
una nueva estructura que permitiera su desarrollo, para ello formó el ejército,
la corte de justicia, el banco nacional, la emisión de papel moneda, la
administración de aduanas y la contaduría general de la nación. Dentro de esta
organización se hizo necesario unificar el derecho mediante la creación de códigos
civiles, penales y comerciales. Para la difusión de estos nuevos marcos de
legalidad se impulsó la educación pública y gratuita. El Estado nacional se
apropió también de funciones tradicionalmente realizadas por la Iglesia, como
el registro civil de las personas.
La modernización del estado
hizo necesaria la utilización de los nuevos avances tecnológicos que
permitieran articular estas acciones por medio de la instalación de telégrafos
y ferrocarriles. La incorporación del
nuevo estado a la economía internacional hacía necesaria la incorporación de
nuevos territorios donde extender este sistema de dominación para lo cual se
procedió a ampliar las fronteras de la civilización. El ejército fue utilizado
para el exterminio de las poblaciones nativas con el fin de incorporar sus
territorios a las áreas de producción orientadas a la nueva organización y
división internacional del trabajo. Esta avanzada, concretada en 1880 sobre las
tierras marginales, y el control de las antiguas áreas mediante el sofocamiento
de los alzamientos organizados por los líderes de las provincias que quedaban
excluidas del nuevo orden, permitieron la consolidación del gobierno nacional.
