ACTA DE INDEPENDENCIA DE LAS PROVINCIAS UNIDAS DE SUD AMÉRICA

En la benemérita y muy digna ciudad de San Miguel de Tucumán a nueve días del mes de julio de mil ochocientos diez y seis, terminada la sesión ordinaria, el Congreso de la Provincias Unidas continuó sus anteriores discusiones sobre el grande, augusto, y sagrado objeto de la independencia de los pueblos que lo forman. Era universal, constante y decidido el clamor del territorio entero por su emancipación solemne del poder despótico de los reyes de España. Los representantes, sin embargo, consagraron a tan arduo asunto toda la profundidad de sus talentos, la rectitud de sus intenciones e interés que demanda la sanción de la suerte suya, la de lospueblos representados y la de toda la posteridad. A su término fueron preguntados si querían que las provincias de la Unión fuesen una nación libre e independiente de los reyes de España y su metrópoli. Aclamaron primero, llenos del santo ardor de la justicia, y uno a uno reiteraron sucesivamente su unánime voto por la independencia del país, fijando en su virtud la determinación siguiente:

Nos los representantes de las Provincias Unidas en Sud América, reunidos en Congreso General, invocando al Eterno que preside al universo, en el nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos, protestando al cielo, a las naciones y hombres todos del globo la justicia, que regla nuestros votos, declaramos solemnemente a la faz de la tierra que, es voluntad unánime e indudable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de

que fueron despojadas, e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Quedan en consecuencia de hecho y de derecho con amplio y pleno poder para darse las formas que exija la justicia, e impere el cúmulo de sus actuales circunstancias. Todas y cada una de ellas así lo publican, declaran y ratifican, comprometiéndose por nuestro medio al cumplimiento y sostén de esta su voluntad, bajo el seguro y garantía de sus vidas, haberes y fama. Comuníquese a quienes corresponda para su publicación, y en obsequio del respeto que se debe a las naciones, detállense en un manifiesto los gravísimos fundamentos impulsivos de esta solemne declaración.Dada en la sala de sesiones, firmada de nuestra mano, sellada con el sello del congreso y refrendada por nuestros diputados secretarios. – Francisco Narciso de Laprida, presidente. –Mariano Boedo, vice-presidente, diputado por Salta. –Dr. Antonio Sáenz, diputado por Buenos Aires. – Dr. José Darregueyra, diputado por Buenos Aires. – Dr. Fray Cayetano José Rodríguez, diputado por Buenos Aires. – Dr. Pedro Medrano, diputado por Buenos Aires. – Dr. Manuel Antonio Acevedo, diputado por Catamarca. – Dr. José Ignacio de Gorriti, diputado por Salta. – Dr. José Andrés Pacheco Melo, diputado por Chichas. – Dr. Teodoro Sánchez de Bustamente, diputado por la ciudad y territorio de Jujuy. – Eduardo Pérez Bulnes, diputado por Córdoba. – Tomás Godoy Cruz, diputado por Mendoza. – Dr. Pedro Miguel  Aráoz, diputado por la capital del Tucumán. – Dr. Esteban Agustín Gazcón,  diputado por Buenos Aires. – Pedro Francisco de Uriarte, diputado por Santiago del Estero. – Pedro León Gallo, diputado por Santiago del Estero. –  Pedro Ignacio Ribera, diputado de Mizque. – Dr. Mariano Sánchez de Loria,  diputado por Charcas. – Dr. José Severo Malabia, diputado por Charcas. –  Dr. Pedro Ignacio de Castro Barros, diputado por La Rioja. – L. Jerónimo Salguero de Cabrera, diputado por Córdoba. – Dr. José Colombres, diputado por Catamarca. – Dr. José Ignacio Thames, diputado por Tucumán. – Fr. Justo Sta. María de Oro, diputado por San Juan. – José Antonio Cabrera, diputado por Córdoba. – Dr. Juan Agustín Maza, diputado por Mendoza. – Tomás Manuel de Anchorena, diputado de Buenos Aires. – José Mariano Serrano, diputado por Charcas, Secretario. – Juan José Passo, diputado por Buenos Aires, Secretario

9 de julio de 1816 Congreso de las Provincias Unidas de Sud América. 

DIRECTORIO SUPREMO DE LAS PROVINCIAS UNIDAS.

El Directorio.

La Asamblea resolvió a fines de enero de 1814 crear un poder ejecutivo unipersonal con el título de Director Supremo de las Provincias Unidas. El cargo fue ocupado por Gervasio Antonio de Posadas. La situación exterior empeoraba. Mientras trabajaba para armar una flota de guerra, Posadas apuró las operaciones frente a Montevideo. El Directorio declaró a Artigas fuera de la ley y designa a Alvear, el más intransigente de los porteños como jefe del ejército sitiador. Alvear logra entrar en Montevideo en Junio de 1814 y expulsa a los españoles, sin embargo los orientales se oponen al centralismo porteño.

Para algunos era necesario resistir como hasta entonces; para otros era inevitable acudir al auxilio de alguna potencia extranjera. Alvear sostenía que Gran Bretaña debía ser esa potencia. San Martín, en cambio, creía que la solución residía en una audaz operación militar envolvente para aniquilar a los realistas del Perú. 

San Martín logró cierta autonomía para preparar en Cuyo la expedición a Chile y al Perú. Alvear, por su parte, buscó contactos diplomáticos destinados a obtener la ayuda inglesa a cualquier precio. La mayoría de la población y especialmente en las provincias veían en esa maniobra derrotismo y traición. Artigas encabezó la resistencia y las provincias de la Mesopotamia argentina cayeron bajo su influencia política.

En enero de 1815 Alvear sucede a Posadas como Director Supremo. Los pueblos del interior no ocultaban su descontento con Buenos Aires y el 3 de abril de 1815 se rebela el ejército con que Alvear contaba para reprimir la insurrección de los santafesinos apoyados por Artigas. La crisis se precipitó. Alvear renunció, la Asamblea fue disuelta y el mando supremo fue encomendado a Rondeau. 

El retorno de Fernando VII al trono español en 1815 aumentó la incertidumbre de los patriotas. Era visible que el país marchaba hacia la disolución del orden político vigente desde mayo de 1810. A esta crisis interna se agregaba la crisis exterior. La frontera del norte había quedado a cargo de los guerrilleros de Martín Miguel de Güemes y se temía una ofensiva realista definitiva. En Venezuela, Chile y México los movimientos revolucionarios habían sido sofocados por los españoles. La amenaza era grave, y para afrontarla el gobierno convocó a un congreso que debía reunirse en la ciudad de Tucumán.

Ante la convocatoria se definieron las posiciones encontradas. Un grupo de diputados, adictos al gobierno de Buenos Aires, apoyaría un régimen centralista. En tanto que otro, fiel a las ideas de Artigas, propondría un régimen federal. El enfrentamiento enfrentaba a dos concepciones políticas y económicas de país. La riqueza fundamental era, cada vez más, el ganado que se reunía en las grandes estancias por millares de cabezas, y del que se obtenían productos exportables. Buenos Aires recogía a través de su aduana importantes ingresos que contribuían a acentuar las diferencias que la separaban de las demás provincias. Los pueblos del interior adherían al federalismo que proponía la nacionalización de la Aduana y las autonomías provinciales. 

El Congreso no contó con representantes de las provincias litorales, en abierto estado de sublevación. Los que llegaron a Tucumán se constituyeron en Asamblea en marzo de 1816. El 3 de mayo se eligió Director Supremo a Juan Martín de Pueyrredón y el congreso, presionado por San Martín se propuso a decidir la suerte de la nueva nación. El 9 de julio, el congreso declara solemnemente que era “voluntad unánime  e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados e investirse del alto carácter de nación libre e independiente del Rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli y a toda otra dominación extranjera”. 

Si hubo unanimidad para la declaración de independencia no la hubo, en cambio, respecto a la forma de gobierno que adoptarían las Provincias Unidas. El problema entre Buenos Aires y las provincias del litoral que adherían a la política de Artigas se acentuaba. La situación se agrava aún más con la invasión de la Banda Orienta por los portugueses, promovida desde Buenos Aires, frente a la cual Artigas combatía sólo. La unidad del país peligraba cada vez más.

San Martín había terminado sus preparativos en Cuyo y comenzó su temeraria operación de cruzar la cordillera de los Andes. El 12 de febrero de 1817 cayó sobre el ejército español en Chacabuco y lo derrota. Así comenzó la crisis del poder español en Chile.

Entre Ríos y Santa Fe aceptaron la autoridad de Artigas y desafiaban a Buenos Aires. Frente a las fuerzas del litoral, el Directorio se veía cada vez más débil. Corrientes bajo la autoridad del caudillo artiguista Andresito, Entre Ríos gobernada por Francisco Ramírez y Santa Fe por Estanislao López, formaban un vigoroso bloque con la Banda Oriental, encabezada por Artigas.

En 1819, el congreso nacional, que ahora sesionaba en Buenos Aires, había sancionado una carta constitucional para las Provincias Unidas, inspirada en principios aristocráticos y centralistas. La crisis no se hizo esperar. Las tropas santafesinas y entrerrianas se dirigieron a Buenos Aires en octubre de 1819 y el Directorio no vaciló en solicitar la ayuda de las tropas portuguesas que ocupaban Montevideo. 

Rondeau, sin el apoyo del ejército del Norte enfrentó a las tropas del litoral el 1° de febrero de 1820 en la cañada de Cepeda: su derrota fue definitiva. Los vencedores exigieron la desaparición del poder central, la disolución del Congreso y la plena autonomía de las provincias. Con el tratado de Pilar comienza una nueva etapa: la desunión de las provincias, durante la cual los grupos regionales, grupos económicos y los grupos ideológicos opondrían sus puntos de vista para encontrar una nueva fórmula para la unidad nacional.

Actividad: El Directorio.

1. Identificá las posiciones de San Martín y Alvear frente a la amenaza realista.

2. Nombrá los sucesos externos que complican la situación revolucionaria en las Provincias Unidas.

3. Establecé los acuerdos y diferencias que se producen en el congreso de Tucumán.

4. Justificá la siguiente afirmación: “La política del Directorio llevó a la ruptura de la unidad de las Provincias Unidas.”

 5. Organizá una línea de tiempo política entre 1810-1820.

LAS JUNTAS DE CHUQUISACA Y LA PAZ - 1809

Sucesos del 25 de mayo de 1809 en el Alto Perú

En Chuquisaca, ciudad del Alto Perú, donde funcionaba la Audiencia de Charcas, y la Universidad, se produjo un levantamiento contra la autoridad del Presidente, Ramón García Pizarro. El Presidente Pizarro había elevado a la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca los pliegos traídos por Goyeneche con las propuestas de la Infanta Carlota y su intención de asumir la regencia en América del Sur mientras su hermano, Fernando VII estuviera prisionero de Napoleón. La Universidad rechazó la propuesta pero comenzaron a circular rumores diciendo que Liniers y el Presidente Pizarro deseaban imponer la regencia de Carlota y entregar el Alto Perú a la Corte de Brasil.

Por la ciudad circulaban panfletos subversivos, en especial el redactado por Bernardo Monteagudo, Diálogo entre Atahualpa y Fernando VII en los Campos Elíseos, que abogaba a favor de la libertad y la independencia. El 24 de mayo el Presidente arrestó a Jaime Zudañez, que era defensor de naturales y abogado de la Audiencia. El motín comenzó por la noche con el pueblo reclamando la libertad de Zudañez y se transformó en revuelta el 25 de mayo de 1809 con una insurrección en Chuquisaca. La Audiencia se reveló contra el Presidente Pizarro y lo depuso. Constituyó una junta con el nombre de Audiencia Gobernadora, nombrando como Comandante General de Armas a Juan Antonio Álvarez de Arenales.La Audiencia envió comunicaciones informando acerca de estos acontecimientos a Liniers en Buenos Aires y a la ciudad de La Paz.

La noticia se conoció en Buenos Aires el 17 de junio. Felipe Contucci, que seguía en comunicación con la princesa Carlota, le comunicó la novedad del siguiente modo:

Ayer a las diez de la noche ha llegado un posta de la ciudad de Charcas con la noticia de haberse puesto preso al presidente de la Audiencia, Teniente General de los reales ejércitos, y haber tenido que huir el reverendo arzobispo con otros magistrados y eclesiásticos de la primera jerarquía de resultas de conmoción hecha por varios ministros de la Audiencia y otros del pueblo.[17]

Liniers, estaba al tanto de que pronto llegaría Cisneros para relevarlo de su cargo de virrey, no hizo nada para apaciguar este alzamiento, en espera que su sucesor tomara las medidas del caso.

Los agentes enviados por Chuquisaca comunicaron la rebelión a los patriotas de La Paz y el 16 de julio estalló también una revuelta en esa ciudad. Un Cabildo Abierto destituyó a las autoridades y separó de sus cargos al gobernador intendente, Tadeo Dávila y al obispo Remigio de la Santa y Ortega. Se nombró a una junta denominada Junta Tuitiva de los derechos de Fernando VII cuyo presidente fue Pedro Domingo Murillo. La junta estaba conformada sólo por americanos.[18]

Esta es la proclama que se emitió en esos días y que transcribe un testigo:

Hasta aquí hemos tolerado una especie de destierro en el seno mismo de nuestra patria: hemos visto con indiferencia por más de tres siglos, sometida nuestra primitiva libertad, al despotismo y tiranía de un usurpador injusto, que degradándonos de la especie humana, nos ha reputado por salvajes y mirado como esclavos: hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez que se nos atribuye por el inculto español, sufriendo con tranquilidad que el mérito de los americanos haya sido siempre un presagio cierto de su humillación y ruina. Ya es tiempo, pues, de sacudir yugo tan funesto a nuestra felicidad, como favorable al orgullo nacional del español. Ya es tiempo de  organizar un sistema nuevo de gobierno, fundado en los intereses de nuestra patria, altamente deprimida por la bastarda política de Madrid. Ya es tiempo, en fin, de levantar el estandarte de la libertad en estas desgraciadas colonias, adquiridas sin el menor título, y conservadas con la mayor injusticia y tiranía.[19]

La junta de La Paz fue la primera instalada en América Española compuesta por nacidos en territorio americano, a diferencia de las de Chuquisaca y de Montevideo donde sus miembros eran europeos. Esta proclama nos revela el carácter de la Junta que ya en el año 1809, antes que en Buenos Aires, declaraba una forma de independencia al decir: “levantar el estandarte de la libertad”, y proponía un “sistema nuevo de gobierno”. Veremos cómo los miembros de esas primeras juntas recibieron tratamientos diferentes. En efecto, poco tiempo después, estos levantamientos fueron sofocados, pero, mientras que los miembros de las juntas de Montevideo y Chuquisaca, —compuesta por españoles europeos—, fueron respetados y sobreseídos de sus acciones los primeros y condenados a penas menores los segundos, los miembros de la junta instalada en La Paz, que eran americanos, fueron reprimidos violentamente y sus cabecillas, ajusticiados.

PRIMER TRIUNVIRATO

El  23  de  setiembre  de  1811,  la  Junta  Grande  fue sustituida por un ejecutivo de tres personas llamado Primer Triunvirato,  en  medio  de  las  acusaciones  formuladas  por  la oposición, que responsabilizaba a aquel cuerpo y al excesivo número  de  miembros  que  lo  integraban  por  las  trabas  y dilaciones en la acción de gobierno. Designado por la Junta Conservadora,  el  Triunvirato  tenía  un  carácter  provisional, duró  un  año  en  funciones,  y  gobernó  hasta  1812.  

El  bando que ordenó su creación fue publicado el 25 de septiembre en la “Gaceta Extraordinaria de Buenos Aires”:

“[…]  ha  acordado  constituir  un  poder  ejecutivo compuesto  de  tres  vocales,  y  tres  secretarios  sin  voto  […] Para vocales los señores, coronel Dr. D. Feliciano Chiclana, D. Manuel de Sarratea y el Dr. Juan J. Paso, y para secretarios, sin voto, los señores Dr. D.  José  Pérez,  de  Gobierno, Dr. D.Bernardino Rivadavia, de Guerra y el Dr. D. Vicente López, de Hacienda,  los  cuales  tomarán  el  gobierno  bajo  las  reglas  o modificaciones que deberá establecer la Corporación, o Junta Conservadora  que  formarán  los  señores  diputados  de  los pueblos y provincias”.

Entre las resoluciones más significativas de este gobierno pueden señalarse el decreto de libertad de imprenta del 26 de octubre y el de seguridad individual del 23 de noviembre, ambos del año 1811. Sus lineamientos generales habrían de ser incorporados a los textos constitucionales subsiguientes y a los reglamentos de administración de justicia.

Junto  al  Triunvirato  actuaba  la  Junta  Conservadora. Derivada, en principio, de la transformación de la Junta Grande, cumplía el rol de Poder Legislativo, en representación directa del pueblo y con la atribución de dictar las leyes. No obstante, también  es  verdad  que  el  Estatuto  del  22  de  noviembre  de 1811 prescindía de las distinciones entre los tres poderes:

 “Al gobierno corresponde velar sobre el cumplimiento de las leyes y adoptar cuantas medidas crea necesarias para la defensa y salvación de la patria, según lo exija el imperio de la necesidad y las circunstancias del momento” (Art. 6º).

Además, la duración de este órgano legislativo fue efímera, sólo pudo sostenerse entre septiembre y noviembre de 1811. El mismo Triunvirato ordenó su disolución y la expulsión de todos sus miembros de Buenos Aires. Esta decisión fuertemente centralista provocó, entre otras reacciones adversas, la sublevación del Regimiento de Patricios conocida como “Motín de la Trenzas”. En enero de 1812, el gobierno fue más allá. Emitió un decreto suprimiendo las  juntas  provinciales  y  reemplazándolas  por  funcionarios nombrados directamente desde Buenos Aires.