LEY DE RESIDENCIA Y DEFENSA SOCIAL
Desde las últimas décadas del siglo XIX irrumpió un nuevo actor social: el movimiento obrero. Su crecimiento derivó de varios factores: los cambios económico sociales, el aporte inmigratorio y las nuevas ideologías que estos aportaron. Lógicamente que tuvieron mayor incidencia en los grandes centros urbanos del litoral, donde el aporte de inmigrantes fue más numeroso.
Pese a la prosperidad económica del país, la situación de los trabajadores era penosa: excesivas jornadas laborales (hasta 14 horas), salarios muy bajos, pésimas condiciones de higiene y seguridad, trato despótico a los obreros sin reconocerles el más mínimo derecho a reclamar. Las corrientes clasistas internacionalistas como el anarquismo, el socialismo y el sindicalismo fueron las que mayor repercusión tuvieron, aunque sus distintos enfoques para enfrentar el sistema capitalista impedían la tan ansiada unidad sindical.
Los reclamos de carácter revolucionario, la creciente agitación social y el incremento de las huelgas, alarmaron a la clase dominante que los consideró como “un real peligro social”. En 1902 el Congreso sancionó la Ley Nro. 4144, llamada Ley de Residencia y conocida como Ley Cané por ser Miguel Cané quien la propuso en el Congreso argentino. Sus artículos establecían:
Artículo 1º:
El Poder Ejecutivo podrá ordenar la salida del territorio de la Nación a todo extranjero que haya sido condenado o sea perseguido por los tribunales extranjeros por crímenes o delitos comunes.
Artículo 2º:
El Poder Ejecutivo podrá ordenar la salida de todo extranjero cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público.
Artículo 3º:
El Poder Ejecutivo podrá impedir la entrada al territorio de la república a todo extranjero cuyos antecedentes autoricen a incluirlo entre aquellos a que se refieren los artículos anteriores.
Artículo 4º:
El extranjero contra quien se haya decretado la expulsión, tendrá tres días para salir del país, pudiendo el Poder Ejecutivo, como medida de seguridad pública, ordenar su detención hasta el momento del embarque.
Artículo 5º:
Comuníquese al Poder Ejecutivo.
| PRIMERAS HUELGAS DEL MOVIMIENTO OBRERO |
Con altibajos, las acciones de protesta fueron creciendo mediante manifestaciones multitudinarias o huelgas y la violencia aparecía con creciente frecuencia. El 1 de mayo de 1909 una multitudinaria manifestación obrera fue objeto de una brutal represión policial, cuyo resultado fue de 8 manifestantes muertos y más de 100 heridos. Se llamó a una huelga general que paralizó a la ciudad de buenos Aires por varios días. Pese a que el Presidente había felicitado al jefe de policía coronel Ramón Falcón por su desempeño en la represión, finalmente las autoridades aceptaron negociar. Este hecho se lo conoce como la “semana roja”.
En noviembre un joven militante anarquista, Simón Radowitzky, asesinó con una bomba a Falcón y su secretario, como un acto reivindicatorio de los obreros muertos en mayo. Este hecho dio pie para una escalada en la represión y persecución al movimiento obrero por parte del poder político. El 26 de junio de 1910 estalló una bomba de bajo poder (un “petardo”, dijo la prensa anarquista), en el Teatro Colón “el más aristocrático coliseo argentino”. El gobierno oligárquico aprovechó para acelerar el tratamiento en el Congreso de más medidas represivas contra el movimiento obrero.
Con la excusa del “petardo”, una parte de los diputados, con el apoyo del presidente y los ministros, propuso hacer un tratamiento sobre tablas de este proyecto, para sacar con celeridad un nuevo instrumento represivo. En sólo 48 horas, las cámaras de Diputados discutieron y aprobaron, en general y particular, la Ley 7029, sancionada el 28 de junio, la “Ley de Defensa Social”.
Esta infame ley constaba de 34 artículos. La primera parte estaba dedicada a prohibir la entrada a los que tuvieran condenas por delitos comunes y a los anarquistas y “demás personas que profesan o preconizan el ataque por cualquier medio de fuerza o violencia contra los funcionarios públicos o los gobiernos en general; o contra las instituciones de la sociedad”. Luego extendía esta medida a los deportados, y establecía penas hasta para los “empresarios de transporte, capitanes o agentes que ingresaran al país ácratas”. Dos cuestiones fundamentales fueron la prohibición de reuniones o manifestaciones obreras sin autorización policial, y el castigo por “apología” a la difusión de los delitos estipulados por dicha ley, de un hecho o autor por medio escrito, verbal o impreso. El artículo 25 reprimía a quien “por medio de insultos, amenazas o violencias intentase inducir a una persona a tomar parte de una huelga o boicot”.
La corriente sindicalista afirmó que se pisotearon “La ley, el derecho, la democracia; todos los sacrosantos principios burgueses” (La Acción Socialista, 20/7/1910), y agregaron “No necesitamos revelar la barbarie que encierra la ley aprobada. Basta solamente tener en cuenta que constituye un atentado brutal que la autocracia argentina, digna émula de los bárbaros que gobiernan la Rusia, anhelan llevar a cabo contra nuestras organizaciones”.
Actividad.
1) Analizá y texto e identificá las corrientes ideológicas del movimiento obrero.
2) Justificá la siguiente afirmación: "La oligarquía impidió por todos los medios posibles acabar con la organización de los trabajadores"
