A partir de 1955, la sociedad argentina
vivió un período muy crítico. Entre el derrocamiento del peronismo y su vuelta
al gobierno, en 1973, se sucedieron ocho presidentes.Seis de ellos surgieron de
golpes militares y sólo dos accedieron al poder por elecciones, pero en
comicios que no fueron completamente libres, porque el peronismo sufrió dieciocho
años de proscripción y su líder debió exiliarse en España.
CRONOLOGÍA:
1955-1958: golpe de Estado, gobiernos sucesivos de
E. Lonardi y P. Aramburu.
1958-1962: Elecciones con proscripción y
presidencia de A. Frondizi.
1962-1963: golpe de Estado y presidencia de J.M.
Guido.
1963-1966: Elecciones con proscripción y
presidencia de A. Illia.
1966-1973: golpe de Estado y gobiernos sucesivos de
Onganía, Levingston y Lanusse.
1973-1973: Elecciones y presidencia de H. Cámpora.
1973-1974: Renuncia del presidente Cámpora, asume
R. Lastiri. Elecciones y presidencia de J.D. Perón.
1974-1976: Fallecimiento del presidente J. D. Perón
y asunción de la vicepresidente Isabel Martínez de Perón.
La finalización de la guerra de Corea,
en 1953, marcó el fin de la demanda internacional de productos alimenticios y
la baja de sus precios. Esta situación provocó la desintegración del bloque de
poder peronista y demostró la incapacidad del campo para sostener el proceso de
desarrollo industrial.
Se hicieron frecuentes los
enfrentamientos entre el sector obrero y la burguesía industrial, y el gobierno
no pudo sostener habitual su política de
arbitraje. Los salarios quedaron retrasados frente a la inflación y se
multiplicaron las huelgas obreras. Por otra parte, el peronismo también tuvo
enfrentamientos con los sectores militares y con la Iglesia. El descontento
social fue canalizado por los partidos tradicionales como el radicalismo que
comenzó a combatir al peronismo.
La única salida posible para el
peronismo fue la apertura de la economía a los capitales extranjeros para
promover el desarrollo industrial. La Ley de Radicación de Capitales de 1953
incentivó las inversiones extranjeras hacia las actividades mineras e
industriales y estableció un régimen de promoción industrial que beneficiaba con
exenciones impositivas a ciertas actividades. El gobierno firmó contratos con
empresas petroleras norteamericanas modificando su postura frente a los EE.UU.
Las contradicciones de esta etapa del
peronismo, sumadas al levantamiento militar, provocaron la caída de Perón. La
llamada “Revolución Libertadora” de 1955 fue apoyada por distintas fracciones
de la burguesía en las que destaca el sector agrario tradicional, quien logra
reconstruir su predominio con el apoyo de partidos de clase media como el
radicalismo.
El gobierno militar buscó hacer frente
a la crisis económica aplicando un plan de estabilización de precios,
congelamiento de salarios y reducción de los gastos del Estado. Se procuró a
estimular la producción agraria mediante devaluaciones de la moneda que se
reflejaron en una traslación de ingresos hacia el campo. Por otra parte,
Argentina, ingresó al F.M.I y al Banco Mundial para acceder al mercado de
capitales con la consecuente pérdida de autonomía en la política económica
nacional.
El modelo
desarrollista
En 1958, con el peronismo excluido,
ganó las elecciones nacionales el radical Arturo Frondizi. El proyecto
desarrollista que se pondría en práctica durante su presidencia consistió en
encarar la industrialización del país. Desde la perspectiva desarrollista el
proceso de sustitución de importaciones había llegado a un estancamiento y se
requería hallar los mecanismos para superar las trabas que había encontrado. El
aumento de la producción industrial debía conciliar los intereses de todos los
sectores, tanto los industriales, los obreros y el Estado se verían
beneficiados.
La política desarrollista consideraba
necesaria la implementación de la modernización tecnológica en el proceso
productivo. La industria necesitaba reponer sus bienes de capital y el agro
solo saldría de su estancamiento a través de la inversión en tecnología. La
mano de obra, por su parte debía educarse para estar a la altura de los
modernos requerimientos técnicos. Para tal fin se crearon organismos de
investigación tecnológica: El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET), Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA). Estos organismos actuaron vinculados a las universidades, que en
estos años recibieron un gran impulso. El segundo frente de las políticas desarrollistas
eran las inversiones públicas. El Estado se concebía como un factor dinamizador
que, a través de sus intervenciones y sus planificaciones, dirigiría el ritmo y
el rumbo de la modernización económica. Entre los requisitos para lograr una
industrialización con ritmo sostenido se hallaba en primer lugar la expansión
de las redes de comunicación y transporte y la producción de energía.
Su política económica se orientó al
desarrollo de las industrias básicas como el petróleo, la química y la
siderurgia, con el aporte de capital internacional. En un principio estos
capitales reactivaron la economía estimulando el crecimiento de las industrias
asociadas a las industrias básicas, ampliando el mercado de la mano de obra y
la ocupación. Si bien en un principio parecían dadas las condiciones para
lograr la participación de los sectores populares en los beneficios del
crecimiento industrial, pronto se fueron percibiendo los resultados de fondo
propios del nuevo modelo “desarrollista”.
En poco tiempo, se manifestaron
resultados concretos: Las inversiones extranjeras aumentaron considerablemente.
El déficit del presupuesto se redujo del 7,7 % al 1,7 %. La producción de
petróleo y acero se triplicó entre 1958 y 1961, logrando al autoabastecimiento.
Se radicaron siete industrias petroquímicas y una veintena de fábricas terminales
automotrices. Se sancionó una nueva ley de energía. Se impulsó el proyecto de
la central hidroeléctrica de Chocón-Cerros Colorados. . El gobierno
desarrollista llevó adelante una política de fomento de la producción
agropecuaria. %. En cuanto al agro, la meta básica era la mecanización de su
producción y la capitalización de sus empresas. En materia ganadera, donde la
situación era crítica, el gobierno liberó los precios y otorgó créditos para la
retención de vientres, eliminó retenciones a las exportaciones y logró aumentar
el stock de ganado.
La acción del capital internacional
colocó en una situación de desventaja a los sectores industriales que habían
prosperado en el período de sustitución de importaciones. Las grandes
corporaciones, con el aporte de una alta tecnificación, poseían una mayor productividad y absorbían
menos mano de obra que las industrias locales. Las empresas extranjeras se radicaron
principalmente en el sector dinámico de la industria, en particular en la
automotriz. Estos procesos llevaron a una fuerte concentración económica: las
empresas grandes tendían a aumentar su participación en el mercado a costa de
pequeñas y medianas empresas, que quebraban o eran absorbidas por los grupos
económicos más poderosos. Entre 1956 y 1966 hubo un constante aumento en la
concentración industrial.
De esta forma, se modificó el panorama
industrial, que en la época peronista mostraba una mayor dispersión. El aumento
de la concentración coincidió además con una modificación de la estructura
industrial. El número de firmas nacionales descendió; fueron desplazadas en su
gran mayoría por empresas estadounidenses (seguidas por las italianas y las
inglesas). La presencia estadounidense fue considerable: mientras que en
América Latina las inversiones norteamericanas crecieron en aquellos años un
promedio de 32%, en la Argentina lo hicieron un 243%. Por otra parte, el
ingreso de capitales extranjeros condicionaba a la política económica nacional.
Para que éstos invirtieran en nuestro país, el Estado debía garantizar
políticas de estabilización monetaria y restricción del gasto público que
afectaban directamente a las clases medias y populares. Esta situación
agudizaba el problema político; la presión obrera no sólo exigía mejoras
salariales sino también la legalización del peronismo.
Sumado a la presión obrera se
sucedieron constantes “planteos” militares que exigían la implementación
autoritaria del programa de modernización. El gobierno de Frondizi, ante la
imposibilidad de derrotar al peronismo
en las elecciones provinciales de 1962, fue derrocado por un golpe militar. El
último intento para salvar el sistema democrático representativo fue llevado a
cabo en 1963 por el gobierno de Arturo Illia, quien representaba a la
U.C.R.P. La Unión Cívica Radical del
Pueblo fue una agrupación política dividida de la UCR que, sobre una base de
clase media, intentó incorporar al peronismo sin darle el poder y realizar a su
vez la obra modernizadora.
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