La soberanía del Estado nacional en el mundo globalizado

1.6. La soberanía del Estado nacional en el mundo globalizado

Soberanía: Es la cualidad de no dependencia o no sometimiento a algo superior.

En tiempos de las monarquías absolutas, se le decía “soberano” al rey porque este tenía el poder de decisión sin reconocer políticamente a ninguna autoridad por sobre el. Cuando se empezó a cuestionar este hecho , especialmente a partir del siglo XVIII, se comenzó a hablar de soberanía popular, porque se afirmaba que el máximo poder de decisión no lo tiene el gobernante sino el pueblo que lo elige o que le concede el poder para gobernar.

Soberanía política y autodeterminación de los pueblos.

El poder para gobernar un Estado- nación debe ser soberano. Sus mandatarios deben tener el poder para decidir sin depender de otros países: en caso contrario estamos hablando de colonias o semicolonias, o de países dependientes o semidependientes.

La soberanía política consiste, entonces, en el derecho y la facultad de todo estado para organizarse y regirse por si mismo, con independencia de toda intromisión política externa, sin violentar este principio, y para defenderlo, existe el derecho internacional, que regula las relaciones entre los estado, a fin de evitar que algunos excedan los límites de sus jurisdicciones nacionales e invadan o sometan a otros. 

Este principio de denomina autodeterminación y esta inscrito dentro de los derechos de lo pueblos.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966
Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27
Preámbulo

Los Estados partes en el presente Pacto,

Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables,

Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos,

Convienen en los artículos siguientes:
Parte I
Artículo 1

1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.

2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.

3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.

Se considera que un pueblo se autodetermina cuando tiene:

·       Igualdad jurídica con los otros Estados. Es decir que tiene los mismos derechos y deberes que los demás países, sin aceptar la supremacía de ninguno. 

  ·       Identidad como Estado, pese a cambiar a veces de nombre o de sistema de gobierno. Apenas un Estado deja de ser colonial, busca su reconocimiento por otros países; actualmente lo hace la ONU. 

  ·       Defensa propia ya que corresponde a cada Estado defender su soberanía en contra de las intromisiones extranjeras. 

Soberanía territorial 

Es el dominio que tiene un estado sobre el territorio que su pueblo ocupó históricamente. Si existe realmente soberanía popular y el pueblo puede decidir en el territorio en que vive, es más fácil mantener la soberanía territorial. En cambio, cuando grandes extensiones de terreno son compradas por extranjeros porque la gente nativa no puede acceder a la propiedad de la tierra, a los otros países les resulta más simple extender sus fronteras. Es el caso de México, que perdió la mitad de su territorio en manos de los Estados Unidos. Los norteamericanos fueron comprando tierras en los actuales estados de Texas y California, hasta que decidieron anexarlos por votación a los Estados Unidos. Lógicamente el gobierno mexicano se resistió, pero ya era tarde y, frente a un vecino tan poderoso, perdió la guerra. Nosotros, en 1833, por la invasión inglesa, perdimos las islas Malvinas. Pese a que hasta la guerra de 1982, Gran Bretaña trataba a los habitantes de Malvinas como ciudadanos de segunda, ellos se sienten ingleses. Seguimos reivindicando nuestra soberanía territorial sobre las islas, porque histórica y geográficamente nos pertenecen. Pero esos argumentos no convencen a un país con un imperio colonial diseminado por el mundo.

Página 12,15/08/2006

19:35 › LA ONU EXHORTO A GRAN BRETAÑA AL DIALOGO SOBRE SOBERANIA

Taiana actualizó el reclamo argentino por Malvinas

La Argentina retomó hoy su fuerte reclamo diplomático ante la ONU por la soberanía de las Islas Malvinas, al refutar el principio de autodeterminación de la población isleña y cuestionar la negativa del Reino Unido a reanudar las negocaciones de soberanía. El Comité de Descolonización aprobó hoy la habitual resolución que exhorta a los gobiernos de Gran Bretaña y de la Argentina a retomar las negociaciones de soberanía.

Tal como ocurre todos los años, el Comité Especial de Descolonización de la ONU aprobó por consenso en la misma sesión de este mediodía una resolución en la que exhorta a los gobiernos de Gran Bretaña y de la Argentina a retomar las negociaciones de soberanía, un llamamiento que repite desde hace 40 años.

El canciller Jorge Taiana fue el encargado de reiterar la posición argentina en la cuestión Malvinas ante el Comité de Descolonización, en un discurso de aproximadamente 20 minutos en los que repasó fundamentos históricos y jurídicos del reclamo argentino por el archipiélago

El discurso del canciller hizo eje en dos conceptos fundamentales: la inaplicabilidad del principio de autodeterminación y la negativa del Reino Unido a cumplir con reiterados llamados de la comunidad internacional a retomar negociaciones de soberanía.

También hizo expresa referencia al pedido argentino al secretario General de la ONU, Kofi Annan, de quien dijo "es extremadamente necesario que continúe en su misión de buenos oficios encomendada por la Asamblea General" ante la reiterada negativa de la diplomacia británica al diálogo.

"Mi país otorga gran valor a la gestión realizada por el secretario General para obtener progresos en la cuestión Malvinas", resaltó el canciller.

Junto a Taiana participaron de la sesión el embajador ante la ONU, César Mayoral; el director de la Cancillería, Eduardo Airaldi; y los presidentes de las Comisiones de Relaciones Exteriores del Senado, Carlos Reutemann, y de Diputados, Jorge Argüello.

También participaron de la presentación los peticionantes argentinos no gubernamentales, María Angélica Vernet, descendiente del gobernador Luis Vernet desalojado de las Islas en 1833 por las fuerzas británicas; y Dolores Reynolds, bisnieta del reverendo Thomas Bridges, quien estuvo a cargo de la misión anglicana en Malvinas en 1856, y posteriormente se nacionalizó argentino y se radicó en tierra del fuego.

En la fundamentación de la postura argentina, Taiana dijo que "el principio de autodeterminación consagrado en la resolución 1514 (de la ONU) esta limitado por el principio de integridad territorial que prevalece sobre el mismo.", expresó el canciller al afirmar que "la aplicabilidad del principio debe ser estudiada a la luz de las circunstancias que la condicionan en su ejercicio".

En esa línea, presentó a las Islas Malvinas como "parte del territorio de un Estado independiente que ha sido separado contra la voluntad de sus habitantes y por la fuerza perpetrada" por una fuerza colonial ante lo que "la República Argentina, como Estado agraviado, efectuó su reclamo desde entonces".

Tras repasar los antecedentes históricos que se quiebran en 1833 con la ocupación británica de las Islas, Taiana afirmó que el archipiélago "se trata de un territorio colonial y no un pueblo colonizado" por entender que la población de las islas no es originaria sino "una población británica transplantada con el ánimo de establecer una colonia y sometida a un poder imperial".

La situación histórica de disputa se ve "agravada cuando la población originaria ha sido desalojada" y ocupada por "subditos de la potencia" quebrando las condiciones para demandar "el principio de libre determinación en un territorio formado por pobladores instaladas por la fuerza por la misma potencia".

El segundo eje del planteo argentino, se refirió a la negativa de las autoridades de Gran Bretaña a reanudar las negociaciones de soberanía por las Islas Malvinas a pesar de la exhortación de la comunidad internacional, y el rechazo las acciones unilaterales británicas en el área en disputa.

"Mi gobierno reiteró en cuanta ocasión ha tenido su voluntad negociadora. El Reino Unido ha desoído los sucesivos llamamientos de la comunidad internacional obstaculizando con su negativa la solución de la controversia y el proceso de descolonización", aseveró Taiana.

"A pesar de la voluntad de cooperación, el Reino Unido no ha cesado de cometer actos unilaterales que introducen modificaciones que las islas están atravesando, contradiciendo las resoluciones y entendimientos provisorios y el mandato de la comunidad internacional", explicó Taiana ante lo que el Gobierno argentino protestó y rechazó estos principios jurisdiccionales.

La queja argentina está referida a la adopción de medidas en torno a actividades de prospección sísmica de hidrocarburos, el otorgamiento de licencias para la explotación de minerales y la continua presencia y jerarquización de la base militar británica en Malvinas.

También reiteró la advertencia argentina de "rechazar cualquier pretensión de adoptar medidas unilaterales que afectara los recuersos pesqueros" además del "pretendido ejercicio del papel de policía pesquera y el otorgamiento de permisos" de derechos de propiedad con plazos que podrían alcanzar los 25 años.

Para el Gobierno nacional, "este persistente comportamiento británico alejó a las partes haciendo fracasar el proceso de construcción de confianza mutua y las negociaciones", lo que genera "una profunda inconsistencia entre la declaración de ese país en 1995 y su deliberada acción unilateral".

El embajador chileno ante la ONU, Heraldo Muñoz, fue el encargado de presentar al cuerpo el contenido de la resolución finalmente aprobada, y en su discurso afirmó que "el mantenimiento de esta situación colonial a principios del Siglo XXI es un anacronismo al que se debe poner fin".

Actividad:

1)     Definí los siguientes conceptos: a) Soberanía; b) Soberanía política; c) autodeterminación c) Soberanía territorial.

2)     A partir de la noticia publicada en el diario Página 12 establece cuales fueron los dos ejes fundamentales del reclamo del canciller argentino. ¿Porqué en el caso de Malvinas no es aplicable el concepto de autodeterminación?

La Soberanía económica

Soberanía económica es la capacidad que tiene un país de manejar en forma independiente sus asuntos económicos. Esto no significa que uno deba vivir aislado, ya que es normal que una nación tenga intercambio comercial con los demás países del mundo. Es más, desde la antigüedad el mundo progreso culturalmente gracias a la conexión que exigió el comercio. Pero si significa que aquellos que compran nuestros productos, nos vendan los suyos o nos den prestamos, no deben condicionarnos. Recordemos que en la década infame se hizo un pacto con Inglaterra, a través del mismo cedimos aspectos de nuestra soberania economica a fin de seguir teniendo a Gran Bretaña como comprador de nuestras carnes. Nuestro vicepresidente, Julio A.Roca hijo, llego a afirmar ante los ingleses: “La República Argentina, por su interdependencia recíproca, es, desde el punto de vista económico, una parte integrante del imperio británico.” Para diferenciar su política económica, en el gobierno de Perón se declaró la independencia económica. Se negó la asociación de la Argentina al FMI, porque Perón prefirió negociar préstamos en forma bilateral con los países con que comerciábamos. A su juicio eran más convenientes que los empréstitos del FMI, que condicionaban toda la política económica del país. El rechazo norteamericano a esta postura independentista de Argentina, se tradujo en inconvenientes posteriores para la venta de granos a los países europeos que estaban auxiliados por los Estados Unidos con el Plan Marshall. Tras la caída de Perón, Raul Prebisch, economista de la ONU, sostuvo que estábamos atravesando la crisis económica más grande de la historia argentina, entre las consecuencias de ese informe tan desventajoso, se cuenta el ingreso de la Argentina al FMI, para ser socorrida con sus prestamos. Estos créditos condicionaron la economía nacional, porque para recibirlos debieron cumplirse las pautas que marcó el FMI en cuanto a política económica interna. Entre otros figuraban: convocar a capitales extranjeros, restablecer el mercado libre de divisas, eliminar progresivamente el control de precios sobre artículos de primera necesidad, privatizar empresas comerciales e industriales del estado, etc. Esto tuvo resultados negativos, ya que aumento el costo de vida, disminuyeron nuestras exportaciones y nuestras reservas de oro, así como el área sembrada de nuestros cereales, se produjo evasión de divisas y reducción del comercio con los países limítrofes, se obstaculizo el desarrollo industrial, aumentando el ingreso de los productos importados, etc. Este tipo de préstamos condicionantes siguió pidiéndose durante muchos años, lo que continuo aumentando nuestra deuda y afectando nuestra soberanía económica, así hasta que, durante la presidencia de Kirchner, la Argentina pagó su histórica deuda con el FMI y, al igual que durante las presidencias de Perón, volvió a negociar prestamos bilaterales.

Soberanía Cultural

Todos los países tienen derecho a la creatividad y a sus particularidades nacionales, a defender su propia cultura. Cultura e Identidad son el conjunto de características peculiares de la cultura de un pueblo o grupo social que le diferencia de los demás conjuntos humanos. Conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social en un período determinado. El término “cultura” abarca además modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, sistema de valores, derechos fundamentales del ser humano, tradiciones y creencias. A través de la cultura se expresa el hombre, toma conciencia de sí mismo, cuestiona sus realizaciones, busca nuevos significados y crea obras que lo trascienden.

Pero la cultura no es estática y esta en cambio constante, incluso el contacto con otras culturas modifica a la nuestra. Sin embargo, conocer y tener acceso las raíces de nuestra cultura así como el desarrollo cultural nacional es un derecho que debemos defender. Ningún estado o individuo tiene derecho a despojarnos de nuestros bienes culturales e identitarios. En el contexto de globalización económica existen fuertes presiones para modificar las culturas locales con estereotipos globales impuestos por empresas multinacionales.

ACTIVIDAD INTEGRADORA:

1)     Lea en forma completa el artículo periodístico que se presenta a continuación y sintetice el problema principal que aborda.

2)     Relacione el contenido del artículo con los distintos conceptos de soberanía trabajados en clase. Justifique con ejemplos y argumentos.

3)     ¿A cuál de ellos le parece que refiere especialmente? Justifique.

4)     ¿De qué forma los Estados nacional y provinciales actuaron y actúan para proteger intereses extranjeros? Tenga en cuenta los episodios de represión nombrados en el texto.

5)     ¿Por qué la autora del artículo afirma que “en 130 años ningún gobierno tocó las bases estructurales de este modelo económico de rapiña”? Fundamente su respuesta.

 La historia del imperio Benetton, el dueño de la Patagonia

23 agosto, 2017 por Redacción La Tinta

Luciano Benetton es el propietario de tierras más grande del sur argentino. ¿Como construyó su imperio económico?, ¿por qué el Estado argentino y la Gendarmería lo defienden? Por Claudia Ferri para La Izquierda Diario La Patagonia es la región más extensa del país y también es la que mayor concentración de tierras tiene en pocas manos. Formada por enormes campos planos y bellos paisajes trasandinos fue repartida sin ningún tipo de control entre excéntricos millonarios extranjeros y corporaciones multinacionales con el aval del Estado y de la Justicia. El magnate Joe Lewis, dueño y señor de todas las tierras que rodean el Lago Escondido y anfitrión de la visita al sur que hicieron juntos Obama y Macri el año pasado, es uno de ellos. También forman parte de este selecto grupo el creador de la CNN Ted Turner, los Suchard (dueños de Nestlé), el inversionista húngaro George Soros, el actor Sylvester Stallone y, hasta hace pocos años, el hijo de uno de los fundadores de Pepsico, Ward Lay. Pero quien se lleva todos los premios al terrateniente del siglo es Luciano Benetton que entre 1991 y 1997 acumuló 900.000 hectáreas. Lo que equivale casi cuarenta veces a la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. La feroz cacería de la Gendarmería sobre la comunidad Pu Lof en el departamento de Cushamen en la frontera noroeste de Chubut que terminó con de Santiago Maldonado hace más de tres semanas sin ningún tipo de respuesta estatal, se produjo dentro de las tierras que están hoy bajo el dominio de Benetton. Aunque en su mayoría hayan sido compradas durante los 90, la entrega y el saqueo de las tierras patagónicas y de sus recursos nacionales por parte de empresas extranjeras viene de larga data, al igual que los reclamos y la lucha del pueblo mapuche por recuperarlas.   La historia de una ocupación Benetton es el final de una larga cadena de negocios y expoliación de recursos nacionales que comienza en el último cuarto del siglo XIX. Por aquellos años a pesar de lo que diga el candidato a senador por Cambiemos, Esteban Bullrich, en la Patagonia no hubo una “Conquista al desierto”. Lo que se produjo fue un genocidio a partir de la ocupación militar del territorio más austral del continente con el fin de extender las fronteras del Estado Nacional argentino (y de su mercado de materias primas en el mundo) que estaba en pleno proceso de conformación. A su paso aniquilaron a los habitantes preexistentes o los tomaron prisioneros para convertirlos en mano de obra barata destinados tanto para trabajar en los campos conquistados como en las zonas urbanas en tareas domésticas. Los pocos sobrevivientes fueron desarraigados y dispersos hacia la frontera cordillerana. Entre los pueblos masacrados estaban los mapuches, asentados en una extensa porción del noroeste de la Patagonia. No eran ni chilenos ni argentinos simplemente porque ambos Estados son construcciones históricas posteriores a la vida y desarrollo de estos pueblos. Finalizada la campaña en 1885 (luego de la derrota definitiva del cacique Sayhueque), se inició el proceso de reparto y explotación de las tierras que hoy forman parte de las provincias de Buenos Aires, el sur de Córdoba, San Luis y Mendoza (las más antiguas) y las creadas a partir de la conquista: Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

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El Estado argentino regaló gran parte de estas tierras a más de cincuenta compañías inglesas que comenzaban a operar dentro del país para que las colonizaran. Tan sólo en Chubut eran dueños de 2.300.000 hectáreas.

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Gran parte de ellas fueron administradas por un fondo de inversión común llamado Compañía de tierras del Sud Argentino. En Ese ajeno Sur, Ramón Minieri cuenta que la “La Compañía” -como solía ser conocida- “explotó esas tierras durante casi un siglo en condiciones excepcionalmente favorables: pudo producir, importar, exportar y obtener utilidades, sin tener que pagar durante años derechos aduaneros ni otra clase de tasas, o beneficiándose con tipos de cambio preferenciales y aranceles reducidos” (pág 7). Pasaron más de 130 años y ningún gobierno tocó las bases estructurales de este modelo económico de rapiña. En 1975 la firma “Great Western”, perteneciente a terratenientes de la burguesía argentina, compró el paquete accionario de “La Compañía” hasta 1991 cuando bajo el gobierno de Menem, Luciano Benetton se hace de esas tierras hasta la actualidad. A través del holding internacional del grupo Benetton, Edizione, el magnate italiano compró por 50 millones de dólares las casi 900.000 hectáreas ubicadas en un 98% en las provincias de Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires donde se dedica a la producción de lana principalmente aunque ahora aparece un mercado nuevo para explotar y es el petrolero que se expresa en un yacimiento que también se encuentra en disputa territorial: Vaca Muerta. (…)La industria textil es una de las más explotadoras del mercado y la que peores salarios tiene. Para reducir costos los Benetton, que facturan 11.000 millones de dólares al año, tercerizaron la producción en países donde la mano de obra es barata y abundante como por ejemplo en Turquía donde fueron denunciados por explotación infantil de niños de entre 9 y 13 años que fabricaban sus prendas. Otro caso que lo tuvo en el centro de la escena fue en 2013 cuando una fábrica textil en Bangladesh que producía tejidos para Benetton se derrumbó provocando la muerte de 1.132 trabajadores y dejó 2.500 heridos. Se negó a pagar cualquier tipo de indemnización pero producto del desprestigio que había generado su indiferencia, se vio obligado a hacerlo. Hoy el imperio familiar cuenta, según la revista Forbes, con aproximadamente 3,4 miles de millones de dólares. Solamente en las tierras que posee en Argentina Luciano Benetton cuenta con 280.000 ovejas que producen 1.300.000 kilos de lana por año. A la explotación de las tierras de la Compañía de tierras del Sud Argentino se incorporó la explotación minera a través de Min Sud (Minera Sud Argentina S.A.) con sede central en Canadá, de yacimientos ubicados en la provincia de San Juan. Por muchos años expoliaron los recursos nacionales sin pagar cargas impositivas, no registrando las lujosas edificaciones que realizaban en sus tierras. Irónicamente los Benetton tienen un museo con piezas arqueológicas de culturas “autóctonas”, algunas de ellas con 13.000 años de antigüedad, ubicado en Leleque (Cushamen). Seguramente saqueadas del territorio de la comunidad mapuche, Tehuelches, entre otras. ¿Por qué el Estado y la Gendarmería defienden a Benetton? El caso de la defensa de los intereses de Benetton por parte del Estado argentino es apenas un ejemplo de una relación histórica que es propia del sistema capitalista. La actuación de la gendarmería, en las tierras que el italiano reivindica para sí, reprimiendo desde hace meses a la comunidad Pu Lof (entre ellos mujeres y niños) y desapareciendo a Santiago Maldonado con la directa responsabilidad de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, su jefe de gabinete Pablo Noceti y del Estado, son la muestra más clara del carácter de clase que ejercieron las fuerzas armadas desde su creación. El gobernador de Chubut del PJ Mario Dan Neves también es cómplice del accionar represivo avalando el ingreso de la gendarmería al predio y demonizando a los mapuches a través de una campaña mediática que comenzó el año pasado mientras apretada al Juez Otranto para que encarcele a los dirigentes considerados sin ninguna prueba como “terroristas”. Queda claro que todos los gobiernos legalizaron y legitimaron el avance latifundista a costa de la sangre de los pueblos originarios. Incluso el kirchnerismo que en 2011 impulsó la Ley de Tierras que limitaba la posesión extranjera de tierras a 1.000 hectáreas por propietario no era retroactiva, por lo tanto todos los magnates extranjeros que en los 90 se apropiaron de gran parte del territorio nacional podían quedarse tranquilos. Macri flexibilizó la ley dejando en claro cuáles son los intereses que defiende a ultranza el gobierno de los Ceo, pero en uno y otro gobierno la naturaleza del Estado es la misma. Seguramente en una de las cuatro visitas al año que hace Luciano Benetton al país vendrá a agradecerle en persona al presidente y los suyos por la efectividad en los servicios brindados. *Por Claudia Ferri para La Izquierda Diario.

POLITICA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Política y medios de comunicación.

Los medios de comunicación como espejos de la política argentina.

Autor: Lucía Vincent. Disponible en: noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2016/12/VINCENT.pdf

Todo lo que nosotros sabemos y dejamos de saber sobre los últimos cien años de política argentina está mediado. Lo aprendimos en los textos escolares, lo escuchamos en la mesa familiar, lo leímos en los libros de historia, lo discutimos con compañeros de la facultad, lo vibramos con la literatura. Aún lo que vivimos en carne propia está mediado por nuestra memoria... De todas las mediaciones, hay una que es inexorable: la que realizan los medios de comunicación.

Nuestro imaginario está atravesado por ese gran espejo de la política argentina que son los medios. Pero, claro está, así como los mapas no reproducen de manera perfecta al territorio al que representan, los medios son también espejos particulares: a veces cóncavos, otras convexos, empañados, de colores, de aumento, de bolsillo. Y a veces, se rompen y traen siete años de mala suerte.

Los medios de comunicación en la Argentina han sido actores políticos determinantes que al mismo tiempo fueron funcionales, respondieron y propiciaron cada etapa política. La principal característica ha sido la no institucionalización de reglas claras en el vínculo entre el sistema de medios y el poder político. El comienzo de los primeros ensayos democráticos hace cien años se corresponde con el nacimiento del periodismo industrial desde las redacciones de los numerosos diarios que acompañaron ese tiempo histórico.

Durante el siglo XX, surgieron la radio y la televisión que se sumaron a las lógicas poco transparentes de relación con el poder político. Cien años después, asistimos a la muerte del periodismo industrial por la propagación de los medios digitales. Si no hubo institucionalización hasta ahora, es poco probable que pueda surgir en este nuevo tiempo de medios omnipresentes e inasibles donde impera la "posverdad".

La prensa cumplió el rol, durante todo el siglo XIX, de portavoz de las distintas facciones en conflicto. Se trataba de diarios que estaban dirigidos a grupos muy reducidos de lectores en una sociedad mayormente analfabeta. A fines del siglo XIX y junto con la expansión de la educación y la llegada de oleadas de inmigrantes, comenzó a extenderse una prensa cada vez más masiva: era el tiempo del desarrollo del periodismo industrial.

Para 1916, se había consolidado una prensa ejercida por asalariados de clase media que poblaban las redacciones de los diarios con prácticas profesionales que seguían un ritual que incluía el de la objetividad periodística. Esta tendencia no implicó, sin embargo, la ausencia de compromisos políticos y económicos a favor o en contra de los gobiernos de la época, una característica que signaría a la prensa argentina en particular y a la latinoamericana en general, en contraposición al modelo de prensa independiente del poder político propio de los países anglosajones.

Esta herencia de periodismo partidario quedaría impregnada en la relación entre el poder político y el poder mediático hasta nuestros días. Ya entrado el siglo XX, las dificultades para consolidar un régimen democrático en el país condicionó el desarrollo del sistema de medios, que ya por esos años incluía a la radio y al cine. Los medios derivaron a una lógica del mercado con principios comerciales como los ejes estructurantes de todo el sistema y con vínculos más o menos oscuros con el poder político de turno. La característica central del sistema de medios en Argentina, en oposición a otras regiones del mundo, fue la carencia de regulaciones y de normas claras en la relación entre el poder político y los medios, con un predominio de políticas de comunicación definidas a través de acuerdos por lo general no explícitos entre los gobiernos y los medios de comunicación.

Además, los medios públicos se caracterizaron por ser dependientes de los gobiernos, en lugar de ser medios del Estado con vocación por el interés público. Los tiempos de autoritarismo fueron, sin lugar a dudas, los más condicionantes para el sistema de medios, que se desplegaron tanto como instigadores de los golpes de estado y difusores de la propaganda del poder político de turno hasta como víctimas de la censura, del asesinato de periodistas y de la clausura de medios.

Sin embargo, los periodos democráticos tampoco implicaron aguas tranquilas. Tal vez uno de los periodos más emblemáticos en la relación entre los medios y el poder político haya sido durante las dos primeras presidencias de Juan Domingo Perón, quien comprendió el lugar privilegiado de los medios en la construcción de imaginarios colectivos favorables a su proyecto político: utilizó a la radio y al cine como sus grandes aliados y le dio impulso al nacimiento de la televisión, el medio estrella que signaría el curso de la historia. La información estuvo fuertemente controlada y centralizada, existía un plan de propaganda y un andamiaje de medios propios o cooptados que servían de sustento mediático al gobierno, además de la aplicación de la censura y las expropiaciones a los medios enemigos.

Ya en el último periodo de consolidación democrática posterior a la dictadura militar, la relación entre los gobiernos y los medios también estuvo plagada de tensiones. A partir de 1983, las prácticas del gobierno de Raúl Alfonsín con respecto a los medios eran en general democratizadoras y en favor del pluralismo, aunque el gobierno no logró llevar adelante el proyecto de ley de radiodifusión que se discutió por esos años. Si bien se institucionalizaron ciertas prácticas de vínculo entre los medios y el gobierno (como que el presidente concedía entrevistas a periodistas en general, ofrecía algunas conferencias de prensa, el vocero de la presidencia tenía un contacto habitual con los periodistas y los funcionarios del gobierno se comunicaban con los medios, sin que existiera una fuerte centralización de la información), lo cierto es que el sistema de medios heredado no se modificó para adaptarse a la era democrática.

Los actos públicos con una intensa participación popular se mantuvieron durante todo el gobierno de Alfonsín, pero la televisión comenzó a tener cada vez más peso relativo en la vida política. Hacia el final de su gobierno, al disminuir la participación, los medios, y sobre todo la televisión, dejaron de ser meros intermediarios para convertirse en verdaderos actores políticos con peso propio. Con la pretensión de convertirse en un eslabón imprescindible dentro del sistema republicano, los medios ya no sólo serán necesarios para los políticos durante las campañas electorales, sino que se convertirán en el escenario privilegiado y en verdaderos protagonistas del acontecer político.

El gobierno de Carlos Menem durante la década del ’90 significó que los medios de comunicación, sobre todo la televisión, adquirieran un protagonismo central en la vida política argentina, con un presidente que se adaptó a la lógica audiovisual y que utilizó a los medios como su forma privilegiada de contacto con la ciudadanía. Este gobierno se caracterizó por políticas de radiodifusión que tendieron a la privatización de medios y la consolidación de un sistema de medios concentrado e hipercomercial. Sin embargo, las políticas de radiodifusión fuertemente privatistas no le aseguraron al gobierno de Menem aliados mediáticos durante todo el periodo, sino que agigantaron el poder de esos medios concentrados.

Durante los años del menemismo, los medios ventilaron numerosos escándalos de corrupción, que monopolizaron las publicaciones de los diarios y los programas de televisión. Por primera vez, se desplegaba cierto periodismo de investigación, que nunca terminó de afianzarse. Al finalizar el gobierno, la televisión acentuaba el desprestigio de Menem al igual que el de las instituciones políticas en general, mientras que los medios acumulaban cada vez más poder y prestigio entre la opinión pública.

Su sucesor, Fernando De la Rúa, fue un presidente que buscó adaptarse a las lógicas impuestas por los medios, pero a quien las estrategias del marketing no le alcanzaron para suplir las limitaciones de su liderazgo y de su gobierno. Tuvo la intención inicial de modificar la ley de radiodifusión que seguía vigente desde la dictadura, además de darles más peso a los medios públicos para que pudieran competir en mejores condiciones con los nuevos multimedios que habían surgido durante el menemismo. Sin embargo, este proyecto nunca llegó a concretarse. La caída del gobierno de la Alianza fue, de alguna manera, potenciada por los medios, que se convirtieron en el lugar privilegiado para la crítica y la denuncia de las fallas del gobierno. De la Rúa terminó huyendo en helicóptero frente a las cámaras de televisión, en medio de una profunda crisis de representación que afectó a todas las instituciones políticas, incluidos los propios medios. El gobierno posterior a esta crisis, el de Eduardo Duhalde, implicó la mayor alianza entre el poder político y el poder mediático, con medidas por parte del gobierno que beneficiaron a los medios endeudados, que por su parte se contuvieron en sus noticias para no perjudicar al presidente.

El periodo de Néstor y Cristina Kirchner se caracterizó, entre otros elementos, por generar el mayor conflicto entre un gobierno y los medios desde el retorno de la democracia. La política de Kirchner en relación con los medios a partir de 2003 se basó en un discurso de confrontación y de denuncia sobre su rol dentro de la sociedad. Con reminiscencias del primer peronismo, el presidente pretendió quitarle a los medios el lugar simbólico de mediadores privilegiados entre el poder político y la opinión pública, buscó deslegitimarlos en su papel republicano de “cuarto poder” encargado de fiscalizar las acciones del gobierno y desacreditó a aquellos medios o periodistas que se autodefinían como prensa independiente, para devolverles el lugar histórico reservado a la prensa partidaria.

Kirchner atacó a los medios que consideró opositores de manera explícita y pretendió contar con la iniciativa a la hora de fijar la agenda de temas de interés público, controlando la información que brindaba el gobierno y los tiempos de difusión. Sin embargo, en lo que refiere a políticas de comunicación que implicaran un cambio en comparación con lo heredado de las administraciones anteriores, el gobierno de Kirchner mantuvo la discrecionalidad en el manejo de la radiodifusión y benefició con sus medidas a los grandes medios. No implicó entonces una institucionalización de las prácticas de comunicación del gobierno, un fortalecimiento de las mediaciones políticas como los partidos políticos, una democratización del sistema de medios ni una mayor participación ciudadana basada en una comunicación transparente y plural entre las instituciones políticas y la sociedad.

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner heredó de su antecesor una situación conflictiva entre el gobierno y los medios de comunicación que, lejos de apaciguarse, se vio profundizada durante su mandato. La disputa por la mediación entre el gobierno y los medios opositores se convirtió en el epicentro de toda la política argentina con la aprobación, en 2009, de la nueva ley de servicios audiovisuales, que lejos estuvo de calmar las aguas.

Mauricio Macri llegó a la presidencia el 10 de diciembre de 2015 con la promesa de un "cambio" con respecto al periodo anterior. Tanto la campaña electoral como los primeros tiempos del nuevo gobierno pretendieron una "vuelta a la normalidad" luego de los niveles de confrontación durante el kirchnerismo. Con relación a los medios de comunicación, esta recomposición del vínculo entre los medios y el poder político se da en un nuevo contexto de fuerte expansión de los medios digitales y su impacto en las formas de hacer periodismo.

El nuevo reinado de los medios digitales generó una serie de consecuencias en el mundo de la comunicación masiva, que aún se encuentra en pleno proceso de transformación. Los medios de comunicación se basaron históricamente en el flujo unidireccional de la información, sin embargo, con la irrupción de los medios digitales, los medios tradicionales comenzaron a perder el monopolio en la intermediación masiva: se pierde la asimetría entre productores y consumidores de la información y, potencialmente, cualquiera con acceso a Internet es capaz de generar contenidos e impactar en la opinión pública.

La imagen de la tradicional redacción de un diario donde se conglomeraban quienes ejercían el oficio del periodismo se ve desdibujada junto con los principios que regían esas prácticas. Surgen nuevos conceptos, como el de la "posverdad", que aluden a que todo vale en la política de estos tiempos, incluso la lejanía con la realidad. Mientras tanto, el nuevo gobierno hace alarde de conocer y utilizar en su favor estas nuevas dinámicas, con un equipo de comunicación más especializado en el uso de Facebook que en establecer dinámicas tradicionales de vínculo con los medios tradicionales.

A cien años de los primeros intentos democráticos en Argentina, el espejo siempre distorsionado que son los medios de comunicación devuelven una imagen de fuerte expansión de los nuevos medios digitales, sin que el periodo anterior haya implicado una consolidación del juego entre el poder mediático y el poder político con reglas claras y transparentes. Fueron entonces cien años que vieron el nacimiento y la muerte del periodismo industrial, mientras que la etapa que se abre deja más preguntas que respuestas sobre el rol inasible de medios omnipresentes y con parámetros novedosos y desafiantes.

Actividad:

Modalidad: Trabajo grupal hasta 5 integrantes.

a)     Organicen en una línea de tiempo la evolución de la relación entre política y medios de comunicación de acuerdo a lo propuesto por la autora.

b)     Seleccionen un período e investiguen cuales eran los medios de comunicación mas importantes del período.

c)     Seleccionen una tapa de diario correspondiente al período y analicen su contenido. Pueden encontrar algunas tapas en el siguiente enlace: http://diarioshistoricos.blogspot.com.ar/

d)     Elaboren una conclusión a partir de lo trabajado en el texto vinculándolo con la información de la portada del diario.

e)     El trabajo será expuesto de manera oral a la clase.

Pautas para la evaluación:

·       Presentación de la línea de tiempo.

·       Presentación de imágenes de la portada seleccionada.

·       Pertinencia de la información presentada.

·       Exposición oral adecuada de los integrantes

·       Organización del grupo al momento de la exposición.

·       Elaboración de conclusiones que integren el texto a la información de la portada.

·       Duración de la presentación: 10´ minutos.

PARTIDOS POLÍTICOS Y GRUPOS DE PRESIÓN

 PARTIDOS POLÍTICOS Y GRUPOS DE PRESIÓN

Autor: Guillermo Virgili, publicado en Prensario educativo. Disponible en: http://prensario.blogspot.com.ar/2008/03/partidos-polticos-y-grupos-de-presin.html

En toda sociedad existen diferentes centros de autoridad de los que emanan decisiones sobre las cuales se fundan las relaciones públicas y privadas. En general esos centros de poder se encuentran institucionalizados y encuadrados en los límites legales, conformando órganos estatales, que ejercen el poder dentro de procedimientos reglados. A partir de allí existen instituciones como la presidencia de la nación, legislaturas, o tribunales, que están ocupados por personas investidas de autoridad legal, y poseen mecanismos de producción de decisiones. Esta es la versión institucional o jurídica de quienes ejercen el poder.

Normalmente las personas que acceden a los cargos públicos, lo hacen a través de los partidos políticos, o sea aquellas asociaciones de ciudadanos conformadas para la participación en la acción política y en las elecciones a fin de lograr cargos públicos para la realización de los fines que le son propios, o sea su programa de gobierno, para lo cual se organizan con cuadros administrativos, órganos directivos y la participación de una masa de afiliados o adherentes.

Pero más allá de los partidos políticos, existen en la sociedad otras formas o procesos de formación de las decisiones, que constituyen influencias que se ejercen sobre la voluntad de los que detentan el poder institucionalizado para que sus resoluciones sean acordes a sus principios o respondan a los intereses económicos o sociales determinados. Son agrupaciones que directa o indirectamente inciden sobre la voluntad de los políticos, con el objetivo de influir en sus decisiones, y se denominan grupos de presión.

Se entiende por tales a los grupos de individuos que persiguen fines particulares comunes, que influyen sobre la decisión de los órganos estatales, la opinión pública y los partidos políticos y sus integrantes, con el propósito de conseguir el logro de dichos fines pero sin asumir la responsabilidad de la decisión política, y sin buscar ocupar los cargos públicos.

Los ejemplos más comunes de grupos de presión, son los factores de poder económicos, sociales, religiosos, militares, culturales, raciales, periodísticos, o inclusive internacionales, ya que un Estado o grupo de Estados, o un organismo internacional pueden buscar influir en las decisiones de otro Estado. También puede haber presiones o influencias entre organismos estatales, como de un poder del Estado a otro, de las fuerzas armadas, o de determinado ministerio sobre legisladores.

El grupo de presión es un conjunto de personas interrelacionadas que para servir un interés material o ideológico, actúan directa o indirectamente sobre los titulares de los órganos del Estado para que sus decisiones los favorezcan, o favorezcan determinado interés. Este se diferencia del simple grupo de interés, que aunque similar no es igual al anterior. El grupo de interés es un conjunto de individuos que poseen caracteres comunes, como puede ser la pertenencia a una raza, a un credo religioso, a una actividad profesional, ser de una nacionalidad determinada, o residir en cierta región, que toman forma de organización para lograr beneficios materiales o ideológicos, pero sin pretender influir en las decisiones de los órganos del Estado.

Los grupos de interés se transforman en grupos de presión a partir del momento en que sus integrantes actúan sobre los mecanismos gubernamentales para lograr sus objetivos grupales, o imponer sus reivindicaciones o aspiraciones. Por lo tanto se puede afirmar que se denominan grupos de presión a los grupos de interés que han entrado en acción política.

Uno de los términos más usados para hablar de influencia y de presión sobre los poderes públicos, es el de¨lobby¨, término inglés que designa literalmente a los corredores, pasillos o salas de espera donde pueden tener acceso los que no son miembros de una legislatura. Para designar las conversaciones que se tienen en esos pasillos, se denomina ¨lobby¨ a las maniobras de los que buscan influir sobre el poder legislativo, y también a las acciones realizadas ante una autoridad para incidir en las decisiones, y a los grupos que presionan de esa manera a los poderes públicos.

Existe una relación muy estrecha entre algunos partidos políticos y algunos los grupos de presión. Existen grupos de presión permanentes como los sindicatos o las asociaciones empresariales, que ocasionalmente influyen en los partidos políticos, y otros que se constituyen especialmente para lograr algunas medidas puntuales, como agrupaciones de productores para la abolición de determinado impuesto, o de consumidores perjudicados por alguna medida gubernamental, y que cumplido su objetivo se disuelven. También existen casos de partidos políticos que llevan en su programa de gobierno la totalidad de las reivindicaciones de los grupos de presión, o integran en sus cuadros a integrantes de los grupos de presión, o directamente éstos se transforman en partidos políticos, como por ejemplo algunos partidos laboristas, integrados casi totalmente por sindicalistas.

Pero más allá de esas similitudes, la diferencia esencial entre el grupo de presión y el partido político reside en que el primero tiene siempre un interés particular o sectorial, en tanto que el segundo busca integrarse a la política nacional para dar soluciones globales a la sociedad. Mientras los grupos de presión tienen como fin la influencia sobre el poder, el partido político integra ciudadanos a los cuadros estatales.

Actividades:

1)     Definí e identificá las características de: a) Partido político; b) Grupo de interés; c) Grupo de presión.

2)     A partir de de la lectura del texto investigá algún grupo de presión de la argentina. Identificalo y describí quienes lo forman, que interés los impulsa y como han intervenido o influenciado en la realidad nacional.

LEGITIMIDAD DEL PODER POLÍTICO

1.1.         La legitimidad del poder político.

El poder, considerado desde su dimensión social se refiere a la “capacidad de hacer” y, por otra parte, a la “capacidad de influir en la conducta de otros”. El poder político es la potestad de mandar y ser obedecido por la mayor parte de una población. En general, usamos esta expresión en relación con una autoridad de gobierno de un país o una localidad.

Existen elementos concretos y representaciones simbólicas que ayudan a ejercer el poder: fuerza, costumbres, leyes, prestigio, riqueza. Sin embargo, el poder no es algo que se posee sino una relación social dentro de un grupo. Para ejercer el poder son necesarias dos condiciones: que quien posee el poder quiera ejercerlo y que otros estén dispuestos a obedecerlo. Sin estas condiciones el ejercicio del poder es imposible.

Existen tres formas tradicionales de ejercer el poder:

a)         La persuasión: convencer al otro que hacer lo que se le indica es para su propio beneficio.

b)         La manipulación: dirigir la conducta de una persona sin que ella se de cuenta.

c)         La coerción: obligar a alguien a comportarse de determinada manera por la fuerza y contra su voluntad.

A continuación se presenta un ensayo periodístico donde se analiza la legitimidad del poder político en la Argentina a partir del retorno a la democracia y se proponen alguna actividades para su análisis.

¿Cómo se legitima un gobierno?

 

29 septiembre, 2016 por Redacción La Tinta

Disponible en: https://latinta.com.ar/2016/09/como-se-legitima-un-gobierno/. Última consulta 16/03/2018

Existe una pregunta que el ser humano ha tratado de responder innumerables veces desde que vive en comunidad. La pregunta es simple, sencilla e irresoluble: ¿por qué miles, millones de personas aceptan vivir bajo el mando de otra persona? Una de las respuestas más lúcidas podemos encontrarla en Max Weber y aplicarla a nuestra actualidad: las democracias contemporáneas se legitiman por un criterio racional-legal. Por ejemplo: “el gobernante manda porque lo dice la ley” y esa ley que fue aprobada en un parlamento elegido democráticamente es la mejor forma de disponer de unos medios (coerción estatal) para lograr unos fines concretos (seguridad, libertad,etc.).”

Lo que nos queremos preguntar es cómo los gobiernos logran esa legitimidad; es decir, cómo mantienen lo mágico, lo sublime de la dominación, detrás de un velo construido por y para la política. Si aceptamos que la legitimidad fundante de las democracias actuales es la legitimidad legal-racional, queremos saber con qué dispositivos de legitimidad cuenta un gobierno para sostenerse en democracia.

Podemos aventurarnos y decir que, a partir de la experiencia de los gobiernos democráticos en los siglos XX y XXI, se encuentran tres fuentes: la violencia, el apoyo popular y la red institucional. Estas tres fuentes pueden articularse de forma libre y creativa, pueden coexistir en un mismo tiempo o pueden existir de forma dual. Pero sólo basta construir y/o mantener una para gobernar.

Por violencia como forma de legitimidad entendemos la noción de un gobierno democrático que recurre a ella como primera medida, aún antes de la pregunta y el cuestionamiento, antes de la mediación. La violencia está en el protocolo, en la ley, en las palabras, en el sentido común del gobierno que acciona mecanismos violentos pero legítimos ante manifestaciones, demandas, vulnerabilidades o sectores determinados de la sociedad.

La segunda fuente de legitimidad es el apoyo popular. Con apoyo popular nos referimos a la sinergia producida por la unión formal o informal de movimientos sociales, organizaciones políticas de base y la ciudadanía en general, que se moviliza detrás de un proyecto compartido y posible.

Por último, la red institucional es la articulación de apoyos logrados en la cima de la pirámide socioeconómica. Los actores que conforman esa red institucional se traducen en medios de comunicación hegemónicos, lobistas, el Poder Judicial, el poder financiero internacional, líderes de partidos políticos tradicionales, empresas transnacionales que ocupan posiciones estratégicas en la producción y la prestación de servicios, líderes políticos sin base social, establishment y creadores de sentido común, entre otros.

Los anteriores son tipos puros que se dosifican, que adquieren relevancia en algún momento y desaparecen en otros. Pero, sin embargo, es posible identificarlos en todos los gobiernos democráticos de Occidente y, por supuesto, en el caso argentino.

Podemos comenzar con la vuelta a la democracia en 1983. Con sutileza y paciencia, Raúl Alfonsín supo ir desprendiéndose de la violencia enraizada en el modo de gobierno y, en base a un fuerte apoyo popular, sortear tres grandes enemigos: las protocorporaciones, la presión militar y el nuevo escenario de demandas sociales y políticas que se abría luego de un largo periodo de violencia y exclusión.

La presidencia de Menem se basó fundamentalmente en la construcción de una red institucional que durante el periodo 1989-1993 mantuvo un gran apoyo popular. La curva de decrecimiento de ese apoyo fue reemplazada por un armazón sólido y voluminoso de respaldo mediático, patronal y de las grandes empresas (financieras y trasnacionales). Hacia el fin del mandato, se pudo observar un quiebre definitivo del apoyo popular y cierto agotamiento de esa red institucional, particularmente del capital financiero y de las empresas trasnacionales que ocupaban posiciones estratégicas en el mercado argentino. Este agotamiento no fue causado por un viraje en la forma y contenido de la política de Carlos Menem sino, simplemente, por el agotamiento de un modelo de extracción de ganancias siderales que comenzó a encontrar su fin involuntario hacia 1997.

El gobierno de De la Rúa se asentó en una promesa de red institucional y el despliegue de violencia, que tuvo su clímax en diciembre de 2001. Lo mismo ocurrió con Eduardo Duhalde: su mantenimiento en el poder se logró merced de un despliegue enorme y visible de violencia de gobierno sumado a un mejor armado de la red institucional, mucho más local y tradicionalista que durante el delarruismo.

La llegada de Néstor Kirchner en 2003, con poco más del 22 por ciento, marcó un claro desafío: ¿cómo gobernar sin apoyo popular, sin violencia manifiesta y con una red institucional que se relacionaba más con Menem (que había renunciado al balotage) que con el santacruceño?

El primer intento, sumamente exitoso, fue construir gobernabilidad en base al armado de una red institucional, que se dio a conocer como transversabilidad. Kirchner supo ir despojándose del armado heredado basado en la violencia manifiesta del gobierno y conformar una red política que articuló, sobre la base de la red institucional, el apoyo popular. De esta forma, en lugar de reprimir los “piquetes”, Kirchner optó por una estrategia conciliatoria y de cooptación de los referentes de los movimientos sociales. Pero como el apoyo popular tiene una curva de ascendencia progresiva, su mayor adhesión se dio después de su gobierno. Sólo para ilustrar lo dicho, podemos decir que la mayor concentración popular en torno a Néstor Kirchner ocurrió el día de su muerte.

El gobierno de Kirchner estuvo apoyado, fundamentalmente, por una red institucional gobernada por actores como la CGT, los medios de comunicación, los gobiernos de la región, la banca internacional y los CEO de las principales empresas nacionales en manos privadas extranjeras. Situación que fue modificándose y desarticulándose hacia el fin de su mandato, cuando el apoyo popular comenzó a tomar mayor protagonismo.

La llegada de Cristina Fernández de Kirchner en 2007 concentró el goce de la legitimidad popular heredada. El armado de la red institucional, basada en una débil y conveniente alianza entre la alta burguesía nacional (Fiat, Acindar, Techint) y la alta política (cúpula de la CGT y radicalismo), heredada de Néstor Kirchner, fue rápidamente desquebrajándose.

La pérdida de aliados políticos, económicos y culturales no fue debidamente reemplazada. El reemplazo de Hugo Moyano por Antonio Caló, de Clarín por satélites comunicacionales (678, TV Pública, comunicación popular) y de la alta burguesía argentina por el impulso del Estado como principal actor económico, llevó al debilitamiento de la red institucional al punto que, para lograr el mismo cometido, se institucionalizó todo ese apoyo popular que iba creciendo desde 2003 en una organización política: La Cámpora.

Ese apoyo popular fue, en la segunda presidencia de Cristina, el elemento basal sobre el cual se impulsaron políticas públicas transformadoras de las reglas de juego y de esa red institucional que iba desangrándose. Así, las políticas públicas fueron directamente a chocar contra los intereses de los principales actores de la red institucional que formaron parte del kirchnerismo (Clarín, el “campo”, capitales españoles en YPF y Aerolíneas Argentinas). La magnitud de esos cambios en las reglas de juego, si bien revolvió el tablero político e institucional, no encontró obstáculos en la ciudadanía, ya que era el principal apoyo de Cristina.

La inmensidad del apoyo popular obnubiló lo que ocurría en la alta política. Como dice Karl Marx en El 18 Brumario de Luis Bonaparte, entre las orgías nocturnas se iba diseñando el golpe de Estado. La soledad política y el éxodo de la alta política cercaron el futuro de Cristina Fernández. Se puede gobernar con una sola fuente de legitimidad, por supuesto. Lo que no puede hacerse es ganar una elección. Y eso pasó en 2015. Una sola variable le valió a Daniel Scioli, candidato indirecto de Cristina, una casi presidencia. Pero no fue suficiente. El nuevo armado institucional de Mauricio Macri, reflejado en la alianza Cambiemos, logró imponerse junto a una promesa oculta de violencia legítima y un apoyo popular negativo.

La llegada de expresidente de Boca al poder nos muestra un gobierno apoyado por una excelente articulación de la red institucional, que recoge heridos y odios del proceso anterior pero suma otros actores. Así, la red institucional se compone del “campo” y las Fuerzas Armadas —en representación de los sectores económicos y simbólicos históricamente dominantes—, de Clarín, La Nación y las “divas” televisivas que manejan la comunicación, y de la alta política nucleada en torno a la cúpula radical de extracción alvearista, Sergio Massa, Elisa Carrió y cierta diáspora del PJ ansioso y poco convencido.

Como contraparte, Macri carece de apoyo popular. Más allá de haber ganado una elección, la alianza Cambiemos cuenta con un apoyo popular negativo; es decir, un apoyo proveniente del desencantamiento y hastío por el gobierno anterior que difícilmente pueda re-encantarse con el proyecto de Cambiemos. Sólo basta comparar el tradicional paseo por Avenida de Mayo que realiza el Presidente ante el inicio de las sesiones legislativas cada primero de marzo: Macri es un político antimovilización que cumple con su promesa de no hacer política porque está corrompida. No existe, en el macrismo, la posibilidad de constituir un sujeto histórico, de empoderar a sectores sociales para que se articulen en defensa de un “algo” que representa la alianza Cambiemos. Los sectores detrás del macrismo se unen en el odio al pasado reciente, en el desprecio por la política.Su apoyo popular es individual, sin colores, sin amores.

Entonces, la alianza Cambiemos se legitima sobre una red institucional que ya comienza a mostrar traiciones y fracturas, y que difícilmente pueda ser reemplazada por un apoyo popular masivo y consistente. Hay un desangre de la red institucional que se refleja en las traiciones, abandonos, demoras y desligues de los sectores tradicionales, concentrados y hegemónicos, a los que Macri apostó y que le permitieron ganar su elección. La devolución de favores no se demoró. Rápidamente devaluó el peso alrededor de un 60 por ciento, ganancia extraordinaria para los grandes sectores agro-exportadores que no respondieron como esperaba el macrismo. Primera traición.

La segunda fue la de los grandes capitales internacionales que auguraban una lluvia de inversiones si el país se transformaba en “creíble”, escenario donde el macrismo irrumpió con gran eficacia. Pagó deuda, pagó a fondos buitre, pagó comisiones, intereses, abogados. Pagó y regaló todo. Y las inversiones aún están en duda. Prat Gay resolvió esa traición aumentando la deuda externa 33 mil millones de dólares en sólo seis meses.

La tercera traición está en proceso y abarca al universo mediático. El macrismo derogó la Ley de Medios, devolviendo el trono al multimedio Clarín. El apoyo mediático aún vigente de Clarín y La Nación, ante noticias que no pueden ocultarse, comienza a ser mucho más “neutral” y desde lejos. No es casual que Mirtha Legrand y otros personajes frívolos de los medios comiencen a decir que se “sienten traicionados” por Macri porque le creyeron y “no está cumpliendo”.

La cuarta traición de la red institucional se encuentra en la red política. Radicales y personajes de la política se distancian, y en muchos casos rompen, con el macrismo. Muchos radicales que apoyaron la alianza Cambiemos ya se muestran víctimas de un engaño y están a la espera de una estocada final para huir del barco. Sergio Massa asumirá su rol opositor activo cuando la pasividad deje de rendirle frutos de manera gratuita. Y Elisa Carrió se sumará a otra alianza política cuando aparezca un mejor postor.

La última traición es la de la alta burguesía (si es que existe esa categoría en nuestro país). Es una traición que sucede dentro de una élite sin nacionalidad ni amores: los Rocca, los Bulgheroni, los Rattazzi se consideran a sí mismos como los exponentes de la tradición burguesa industrial local y no aceptan al clan Macri, por considerarlo “la tanada” arribista que aumentó su fortuna a costa del Estado nacional en la década del ‘80.

Tantas traiciones, tantas heridas en la red institucional, terminará por destruirla. Y ante la ausencia de un apoyo popular real sólo resta una forma de legitimidad: la violencia.

En relación a la violencia de gobierno, Cambiemos apareció en escena con un lenguaje limpio, moral, neutro. Tan solo un lenguaje. Su práctica política violenta es el cinismo, la violencia sublime, silenciosa, imposible de responder, imposible de denunciar. Las contradicciones entre discurso y realidad son palpables y duelen a los sectores populares. Pero ese cinismo es difícilmente combatible. ¿Cómo se la denuncia a Juliana Awada en “patas” cuando el Presidente nos dice que debemos hacer un esfuerzo para ahorrar gas?

Esas muestras de cinismo no son una política pública; por lo tanto, no admiten una huelga, una manifestación, un debate, sino tan solo la desesperanza de no poder hacer nada. La defensa que nos queda ante esa política violenta del gobierno es una triste burla tinellesca, tan efímera y superficial como un mensaje de hastío en las redes sociales.

Este es el segundo semestre tan prometido. Un semestre de desarticulación institucional, de inactividad popular y de resguardo en la violencia.

Actividades:

1)     Explicá a que se refiere el concepto de “legitimidad” del poder.

2)     Identificá y describí cuales son las fuentes de legitimidad que menciona el artículo.

3)     Describí las fuentes de legitimidad y su dinámica en cada uno de los gobiernos desde el retorno de la democracia hasta la actualidad.

4)     Argumentá tu opinión acerca del contenido del ensayo periodístico.