GOBIERNO DE MARTÍN RODRIGUEZ

La situación de Buenos Aires.

Entre tanto, Buenos Aires, a partir de la derrota de Cepeda se sumió en una crisis interna. Las distintas facciones se disputaban el poder y en un mismo un día se sucedieron tres gobernadores. La Junta de Representantes de la provincia de Buenos Aires nombró gobernador a Martín Rodríguez el 26 de septiembre de 1820, con el apoyo de los estancieros y de los sectores sociales medios y altos de la ciudad.

Durante los inicios de su gobierno se produjo un levantamiento que contó con el apoyo federal, pero que fue sofocado a la fuerza por Juan Manuel de Rosas, quien entró a la ciudad con los "Colorados del Monte", un grupo de gauchos altamente disciplinados y armados a su costa, reponiendo a Rodríguez en su cargo. Fue en ese momento que Rosas recibió el título de Ilustre Restaurador de las Leyes.

La Junta de Representantes le entregó al nuevo gobernador Rodríguez “el lleno de las facultades”, (la suma del poder público) con las cuales pudo devolverle el orden a la ciudad. Martín Rodríguez gobernó la provincia de Buenos Aires entre 1820 y 1824. Su gobierno fue de tendencia unitaria y sus obras se vieron encauzadas principalmente por sus ministros Bernardino Rivadavia (gobierno), Manuel José García (hacienda) y su asesor legal —desde 1823— Miguel Mariano de Villegas.

El gobierno de Martín Rodríguez inició un período de paz y de progreso para Buenos Aires. Muy pronto se sancionó una ley de elecciones que consagraba el principio del sufragio universal y otra que suprimía el Cabildo y reorganizaba la administración de justicia. Otras medidas siguieron luego. La Ley de Olvido procuró aquietar las pasiones desatadas por la lucha entre las facciones, y la que consagraba la libertad de cultos facilitó la radicación de inmigrantes extranjeros de credo protestante.

 En la nueva situación internacional Portugal, el Brasil, los Estados Unidos y luego Inglaterra reconocieron la independencia de las Provincias Unidas —cuyas relaciones internacionales asumió Buenos Aires— y establecieron con ellas relaciones consulares que permitieron desarrollar el comercio exterior. Era ésta una de las preocupaciones del gobierno, que contemplaba los intereses de la campaña, dedicada a la cría de ganado, y los de la ciudad, donde predominaba la actividad comercial y artesanal. 

Se procuró atraer técnicos para desarrollar algunas industrias y se crearon los instrumentos necesarios para el desarrollo de la economía: un Banco de Descuentos el banco tendría el monopolio del crédito, de la emisión de billetes canjeables por oro y plata y recibiría los depósitos oficiales, una Bolsa de Comercio y una serie de 26 medidas para atraer capitales y obtener préstamos; en 1824 la casa Baring Brothers de Londres otorgó al gobierno argentino un préstamo de un millón de libras esterlinas con el propósito de construir un puerto, fundar ciudades y dar aguas corrientes a Bs.As. Nada de esto se hizo y el crédito terminó de pagarse en 1901 por el estado nacional.

Al mismo tiempo se introdujeron animales de raza para cruzarlos con los ganados criollos y semillas para mejorar los cultivos. Estas últimas medidas se relacionaban con las que el gobierno adoptó con respecto a la tierra pública. Grandes extensiones de tierras pertenecientes al Estado solían entregarse a particulares influyentes. Rivadavia elaboró un plan para otorgarlas, según el sistema de la enfiteusis, a pequeños colonos que quisieran radicarse en ellas y explotarlas mediante el pago de una reducida tasa de acuerdo con su valor. Así debían incorporarse a la explotación agrícola —en manos de pequeños productores— las zonas de la provincia que se extendían hasta el río Salado, no sin resistencia de los grandes estancieros del sur, acostumbrados a no reconocer límites a sus establecimientos.

Entre tanto, la situación interprovincial tendía a normalizarse en el litoral. El 25 de enero de 1822. Los gobernadores de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires suscribieron el tratado del Cuadrilátero, que establecía una alianza ofensiva y defensiva entre las cuatro provincias. La gravedad del problema aconsejó sortear el tema de la organización nacional, previéndose solamente la convocatoria de un congreso para que resolviera sobre la cuestión. En cambio, se establecía categóricamente la libertad de comercio y la libre navegación de los ríos, cuestiones que tocaban al fondo de las disensiones entre las provincias litorales y Buenos Aires. Era un triunfo del federalismo, pero era, al mismo tiempo, un paso decisivo para dilucidar las cuestiones previas a la organización nacional.

Inspirado por Rivadavia, el gobierno de Buenos Aires adoptó otras decisiones no menos importantes. Dispuso abolir los fueros (tribunales propios de la Iglesia) de que gozaba el clero y el diezmo (impuestos) que recibía la Iglesia. No menos enérgicas fueron las reformas que introdujo en el ejército para restablecer la disciplina y aumentar la eficacia de la oficialidad. Naturalmente esta política desató una fuerte reacción de los elementos retrógrados que acusaron a Rivadavia de enemigo de la religión.

No menos decidido se mostró Rivadavia en la política social y educacional. La creación de la Sociedad de Beneficencia llenó un vacío en la vida de la ciudad y de la campaña. Las escuelas primarias se multiplicaron, y la aplicación del método de educación mutua permitió superar las limitaciones de los recursos. Para los estudios medios estimuló y modernizó el Colegio de la Unión del Sur, a cuyos planes de estudio se incorporaron las disciplinas científicas, según el ejemplo de los países más desarrollados y Rivadavia dispuso que se recibieran estudiantes de las provincias para que se difundieran las reformas que se introducían en Buenos Aires. Fundó un colegio de agricultura con su jardín botánico y un museo de ciencias naturales; trajo de Europa instrumentos de física y de química, y como culminación de su obra educacional creó la Universidad de Buenos Aires, inaugurada el 12 de agosto de 1821.

Pero los caracteres del interior del país diferían de los que predominaban en ella. Buenos Aires pasaba ya de los 55.000 habitantes y estaba en permanente contacto con Europa a través de su puerto. Las provincias del interior, en cambio, sólo contaban con unas pocas ciudades importantes y era escasa en ellas esa burguesía que buscaba ilustrarse y prosperar al margen de la fundamental actividad agropecuaria en la que se reclutaban las minorías locales. El ambiente de las ciudades provincianas, y más aún el de las zonas rurales, se resistía a toda innovación y transformaba en un propósito activo la defensa y la conservación de su idiosincrasia colonial. Para oponerse a Rivadavia, Juan Facundo Quiroga izaba en La Rioja una bandera negra, cuya inscripción decía "Religión o muerte". 

ACTIVIDAD:

1) Organizá en un cuadro las medidas políticas, sociales y económicas que impulsó el gobierno de Martín Rodriguez.

	MEDIDAS DE GOBIERNO
SOCIALES
POLÍTICAS
ECONÓMICAS

2) Seleccioná tres medidas de gobierno, una  social, una política y una económica, asociada con un principio del liberalismo. Definí y justificá tu elección.

TRATADO DEL CUADRILÁTERO

Tratado del Cuadrilátero, acuerdo de paz firmado los gobiernos de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe en 1822

25 de enero de 1822 .Los gobiernos de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes

Fuente:

Emilio Ravignani, Asambleas constituyentes argentina. Buenos Aires, Ed. Peuser, 1939, T. VI, 2º parte, p. 155 y ss.

TRATADO DEL CUADRILÁTERO

Celebrado entre Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes 15 a 25 de enero de 1822

Por cuanto: los tratados solemnes de paz y permanente armonía sancionados por los Representantes de las cuatro provincias, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, desde el 15 hasta el 25 de enero, han sido ratificados por los respectivos Gobiernos, con la mejor unanimidad de sentimientos, aurora luminosa de días más alegres, felices y venturosos que los de la amargura y el llanto que precedieron, arrobando la más lisonjera y consoladora idea de que se aproximan ya los dulces momentos de la dicha, engrandecimiento y prosperidad de la Patria y nuestro nativo suelo, por cuyos dignos objetos se han multiplicado sacrificios, inmolando a su logro víctimas gloriosas, cuya sangre apreciable no debe ser infructuosa; y en obsequio de su mejor economía se han acordado los artículos siguientes:

Reunidos los Representantes de las cuatro provincias, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, a saber: el Coronel Mayor, Ministro de la Guerra, D. Francisco de la Cruz; el Secretario del Gobierno en todos los ramos de la segunda, don Juan Francisco Seguí; D. Casiano Calderón, presidente del Congreso Provincial Entre-Riano, y el Sr. D. Juan Nepomuceno Goytía, cura de las Ensenadas de Corrientes, con el digno e importante objeto de solemnizar la paz saludable que disfrutan de un modo firme y permanente, fijándola en principios sólidos y recíprocamente ventajosos, y que sirvan de base a la mejor amistad y más duradera armonía, única fuente perenne, de donde deduce su vertiente toda apetecida felicidad, después de reconocidos y canjeados los respectivos poderes amplios, hemos convenido y acordado los artículos que subsiguen:

1°) Queda sancionada una paz firme, verdadera amistad y unión permanente entre las cuatro provincias contratantes, cuya recíproca libertad, independencia, representación y derechos se reconocen y deben guardarse entre sí en igualdad de términos, como están hoy de hecho constituidas, sin que por este acto solemne se gradúen renunciados los que defiende Santa Fe sobre el territorio de Entre Ríos, por documentos legítimos y amparos superiores, cuya reclamación legal, como las competentes a las demás de los suyos y respectivos, son el soberano legítimo Congreso General de todas las provincias en la oportunidad que presente el orden de los sucesos americanos en su perfecta tranquilidad y absoluta cesación de oscilaciones políticas, cuyas innovaciones convenientes serán obedecidas como emanadas de la soberanía nacional.

2°) Si los españoles, portugueses o cualquier otro poder extranjero invadiese y dividiese la integridad del territorio nacional, todas inmediatamente pondrán en ejercicio su poder y recursos para arrojarlo de él, sin perjuicio de hacer oficialmente al Gobierno agresor las reclamaciones que estime justas y oportunas.

3°) Subsiste la misma liga contra cualquier poder de los designados, que incida en igual defecto contra el territorio particular o jurisdicción que cada una de las cuatro provincias disfruta de buena fe, en pacífica posesión, según las demarcaciones y términos respectivos, quedando divisorios provisoriamente de la de Entre Ríos y Corrientes, los arroyos Guayquiraró, Miriñay, Tranquera de Loreto, con el territorio de Misiones, sin perjuicio del derecho que defiende Santa Fe de las cincuenta leguas que su Representante dice corresponderle por su fundación, y fueron deslindadas hasta los mojones, o al menos hasta el río Corrientes, como los que tenga esta provincia a su favor, cuya decisión queda al soberano Congreso General.

4°) Ligan los mismos deberes contra todo poder americano que pretenda usurpar por las armas los derechos detallados en el artículo 1°. En cuya virtud si alguna o todas las demás provincias de la nación atacaren con fuerza a cualquiera de las cuatro amigas, se les harán por todas en unión las más serias y formales protestas sobre su agresión, y caso de ser desatendidas, irán en su auxilio las otras tres, facilitando más a la invadida todos los recursos que necesite, que deberán satisfacerse por ésta, concluida la guerra, a los plazos que se estipulen.

5°) Si la provincia invadida hubiese dado mérito a ello, en juicio de las tres, éstas entonces interpondrán su mediación para con la agresora, a fin de que se evite la guerra; y si ésta se prestase en conformidad, estará obligada a darle la satisfacción necesaria, y si no, correrá la suerte que ella misma ha provocado; más si este caso fuese a la inversa, obrarán las tres provincias consecuentes a lo acordado en el artículo anterior.

6°) Ninguna de las provincias contratantes podrá declararse la guerra u hostilidad ni a otra cualquiera de las del territorio de la nación sin acuerdo y consentimiento de las otras tres, por medio de diputados autorizados a ese objeto, que a presencia y examen de las causales que puedan ocurrir la decida, y sin que antes de verificarse un suceso tan funesto se pidan las satisfacciones correspondientes a los que se sospechen haber faltado a sus deberes respectivos.

7°) La de Buenos Aires facilitará, en cuanto lo permita su estado y recursos, el armamento, municiones y demás artículos de guerra a cualquiera de las  otras que lo necesite y pida, cuyo importe de los renglones que se suministrasen, será satisfecho en la especie, modo y tipo que contratasen los respectivos Gobiernos, quedando a más libre el comercio de aquellos entre las cuatro provincias. 

8°) Queda igualmente libre el comercio marítimo en todas las direcciones y destinos en buques nacionales, sin poder ser obligados a mandarlos abonar derechos, descargar para vender sus mercaderías o fruto por pretexto alguno por los Gobiernos de las cuatro provincias, cuyos puertos subsisten habilitados en los mismos términos; sólo si, por obviar el perjudicial abuso del contrabando, podrán ser reconocidos por los guardacostas respectivos, como sus licencias, guías y demás documentos con que deban navegar, siendo decomiso lo que venga fuera de ellos. 

9°) Buenos Aires, por un principio de generosidad y buena correspondencia con el actual Gobernador de Entre Ríos y el de Corrientes, da por condonados, sucedidos y chancelados cuantos cargos puede hacer y reclamaciones justas por los enormes gastos que le obligó causar la temeraria invasión del finado Ramírez, consagrando gustoso todos sus sacrificios al inestimable ídolo de la paz entre hermanos americanos unidos con tan íntimas como sagradas relaciones y esperando sólo la paga de la gratitud a los esmeros que ha prodigado a su logro.

10°) La provincia de Entre Ríos devolverá a la de Corrientes todas las propiedades de ésta o de algunos particulares de la misma que, sacadas por D. Francisco Ramírez, existan a la disposición del Gobierno y ser notorio pertenecerle, y sólo en las que necesiten justificación se producirá brevemente. 

11°) Todos los prisioneros correntinos, de los que condijo de Corrientes, Ramírez, que se hallen sirviendo en algunas de las provincias o que sin esa calidad estén de soldados, serán restituidos a aquella, siempre que ellos lo quieran voluntariamente. 

12°) Los desertores que de una provincia se pasaren a otra, serán devueltos recíprocamente luego que sean reclamados.

13°) No considerando útil al estado de indigencia y devastación en que están envueltas las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes por dilatadas guerras civiles que han soportado a costa de sangre, desembolsos, ruinas y sacrificios de todo género, su concurrencia al diminuto Congreso reunido en Córdoba , menos conveniente a las circunstancias presentes nacionales, y al de separarse la de Buenos Aires, única en regular aptitud respectiva para sostener los enormes gastos de un Congreso, sus empresas marciales y en sostén de su naciente autoridad, quedan mutuamente ligadas a seguir la marcha política adoptada por aquella en el punto de no entrar en Congreso por ahora, sin previamente arreglarse, debiendo, en consecuencia, la de Santa Fe retirar su diputado de Córdoba. 

14°) Si consiguiente a la marcha política que se adopta algunas de las provincias contratantes creyese después ser llegada la oportunidad de instalarse el Congreso General, se harán entre sí las invitaciones correspondientes. 

15°) El territorio de Misiones queda libre para formarse su Gobierno y para reclamar la protección de cualquiera de las provincias contratantes. 

16°) En consecuencia, se devolverán todas las propiedades que reclame, en conformidad a lo acordado en el artículo 10 con respecto a Corrientes, luego que haya nombrado legítimamente su Gobierno. 

17°) Los presentes artículos serán ratificados por los Gobiernos de Santa Fe y Entre Ríos, en el término de dos días, y en el de veinte, por los de Buenos Aires y Corrientes. 

Acordados y sancionados en la ciudad capital de la provincia de Santa Fe de la Vera Cruz desde el 15 de enero hasta hoy 25 del mismo año del Señor de 1822, trece de la libertad del Sud. 

Fdo.: 

Francisco DE LA CRUZ 

Juan Francisco SEGUÍ 

Casiano CALDERÓN 

Dr. D. Juan Nepomuceno GOYTÍ 

Enero 15 de 1822. Ratificado en todas sus partes. 

Fdo.: Estanislao LÓPEZ 

Paraná, Enero 27 de 1822. Quedan ratificados en todas sus partes los artículos del tratado solemne de paz por el Poder Ejecutivo que invisto. 

Fdo.: 

Lucio MANSILLA 

Buenos Aires, 8 de febrero de 1822. Ratificados. 

Fdo.: 

RODRÍGUEZ 

Bernardino RIVADAVIA 

BREVE HISTORIA DE LA ARGENTINA, JOSE LUIS ROMERO

Este es, sin dudas, un texto de consulta para los interesados en la historia argentina. Les dejo un enlace al texto en PDF.

BREVE HISTORIA DE LA ARGENTINA, ROMERO, Jose Luis. (descargar PDF)

AUTONOMÍAS PROVINCIALES

Los Estados Provinciales.

Sólo en la provincia de la Banda Oriental predominaron circunstancias desfavorables a su permanencia dentro de la comunidad nacional argentina. La incomprensión de que Artigas había sido víctima por parte del gobierno de Buenos Aires, convertida luego en abierta hostilidad, predispuso el ánimo de los orientales a la separación; pero aun así no se hubiera consumado a no mediar más tarde los intereses británicos que deseaban un puerto en el Río de la Plata que fuera ajeno tanto a la autoridad del Brasil como a la de la Argentina. Cuando Artigas fue derrotado por los invasores portugueses en 1820 en la batalla de Tacuarembó, buscó el apoyo de los caudillos del litoral sin lograrlo. Desapareció entonces de la escena política, y la Banda Oriental quedó anexada a Portugal, primero, y al Imperio del Brasil, cuando éste se constituyó en 1822.

Un sector importante, sin embargo, apoyaba el mantenimiento de la provincia oriental dentro del ámbito de las antiguas Provincias Unidas. En abril de 1825 treinta y tres orientales reunidos en Buenos Aires a las órdenes de Juan Antonio Lavalleja desembarcaron en la Banda Oriental, sublevaron la campaña contra los brasileños y pusieron sitio a Montevideo. Poco después, los rebeldes reunían un congreso en La Florida y el 25 de agosto declaraban la anexión de la Banda Oriental a la República de las Provincias Unidas. El congreso nacional, que por entonces estaba reunido en Buenos Aires, aceptó la anexión, cuyas consecuencias fueron graves: el Imperio del Brasil declaró la guerra al gobierno de Buenos Aires.  

Para esa época, la suerte de los caudillos triunfantes en Cepeda había cambiado mucho, y con ella la de las provincias que les obedecían. Francisco Ramírez había declarado la independencia de la "República de Entre Ríos" en septiembre de 1820, y acariciaba sueños de predominio sobre vastas regiones y acaso sobre el país entero. Pero ni siquiera logró dominar a Estanislao López, que se le opuso en Santa Fe. Con la ayuda del chileno José Miguel Carrera, jefe de una partida de indios que asolaba la campaña bonaerense, pretendió lanzarse sobre Buenos Aires; pero tuvo que enfrentar primero a López y fue derrotado.

Bustos, gobernador de Córdoba, que también soñaba con su propia hegemonía, lo volvió a derrotar, y en la retirada, fue muerto Ramírez cuando se detuvo para defender a su amante, que lo acompañaba en sus entreveros. Desde entonces, Entre Ríos se mantuvo dentro de sus límites y, en las luchas por el poder, tuvo menos peso que Santa Fe, donde Estanislao López afirmaba su dominio y organizaba a su modo la provincia con la habilidad necesaria para no perder su autoridad local ni atraerse la cólera de sus rivales vecinos.  

Entre ellos, Bustos parecía el más peligroso, porque desde Córdoba podía aglutinar fácilmente el interior del país contra Buenos Aires. Pero sus esperanzas se vieron frustradas por otras aspiraciones semejantes a las suyas en comarcas vecinas. En Santiago del Estero, Felipe Ibarra se había separado de Tucumán y luchaba al lado de Juan Facundo Quiroga, que desde 1891 dominaba la provincia de La Rioja. Juntos, se enfrentaron con Catamarca y con Tucumán, partidarias por entonces de la unión con Buenos Aires, en una sucesión interminable de luchas en las que se disputaba la hegemonía del norte del país.

Algunas provincias se dieron constituciones o reglamentos provisionales para fundar un orden dentro de sus límites, generalmente henchidos de declaraciones no menos utópicas que las que habían caracterizado los documentos de los grupos porteños, porque no condecían con la pobreza y el escaso desarrollo económico, social y cultural que las provincias habían alcanzado. Y, de hecho, quienes lograron mantener la autoridad fueron sólo aquellos que recurrieron a la fuerza y la mantuvieron por medios despóticos, vigilando estrechamente tanto a sus adversarios dentro de su área de influencia como a sus rivales de las provincias vecinas.

No menos grave era la situación de Cuyo. En Mendoza, las montoneras agitaron la vida de la provincia hasta que Juan Lavalle impuso su autoridad en 1824. Pero fue grave para ella la separación de San Juan, donde el gobierno autónomo ejerció una acción esclarecedora durante el gobierno del general Urdininea y los ministerios de Laprida y Del Carril. Elevado este último a la gobernación, sancionó en 1825 una constitución provincial conocida con el nombre de Carta de Mayo, que estableció principios liberales y progresistas, a los que se opusieron los elementos reaccionarios. Pero Del Carril triunfó sobre ellos y dejó el recuerdo de una administración ejemplar.

ACTIVIDAD:

1) Utilizá el mapa y el texto “Las autonomías provinciales” para identificar los Estados Provinciales y sus caudillos durante este período.

2) A continuación se presentan distintas descripciones hechas por historiadores sobre los caudillos.Utilizá estas fuentes para elaborar una definición personal que defina el concepto “caudillo”.

“(Los caudillos), estos nuevos dirigentes políticos posrevolucionarios estaban lejos de ser la expresión de la anarquía y el vacío institucional: desde 1820 fueron actores de una compleja vida política-institucional provincial. Puede afirmarse que los caudillos reflejaron los intereses o necesidades locales o provinciales en el seno de una confederación de provincias autónomas que, a partir de 1831, intentaron llegar a acuerdos que permitieran mantener unidos a los territorios del antiguo Virreinato rioplatense”[1].

“Los caudillos surgen como una forma de autoridad más cercana a los problemas de la gente. Los ejércitos gauchos no eran hordas predatorias como las de Atila, sino que estaban estrechamente vinculados a la institución que les había dado origen y que se fortalecía cada vez más: la estancia.
La mayoría de ellos eran terratenientes que se habían destacado en la defensa de las fronteras, en la lucha contra el indio o participando en las luchas por la independencia. La lucha contra el indio importó distintos logros para los valores de los propietarios de entonces: la protección de la sociedad blanca y de la propiedad, la conquista de nuevas tierras y la consolidación de un poder militar capaz de demostrar su importancia en la región[2]”

“…quienes lograron mantener la autoridad fueron sólo aquellos que recurrieron a la fuerza y la mantuvieron por medios despóticos, vigilando estrechamente tanto a sus adversarios dentro de su área de influencia como a sus rivales de las provincias vecinas. [3]“

[1] Schmidt, Roberto: Historia visual de la Argentina, Clarín. Fascículo 36, “Los caudillos provinciales”, p. 487.
[2] PIGNA, Felipe. Los Caudillos. Disponible en: http://www.elhistoriador.com.ar/articulos/era_de_rivadavia/caudillos.php
[3] ROMERO, Jose Luis. Breve historia de la Argentina. Ed. Tierra Firme.Bs.As. 1998.

TRATADO DE BENEGAS

Tratado de Benegas, firmado entre las provincias de Santa Fe y Buenos Aires luego de la batalla de Cepeda. 24 de noviembre de 1820. Martín Rodríguez, Estanislao López y Juan Bautista Bustos.

Fuente: 

Emilio Ravignani, Asambleas Constituyentes Argentinas. Buenos Aires, Ed. Peuser, 1939. T. VI, 2° parte. 

Tratado solemne definitivo y perfecto de paz entre Santa Fe y Buenos Aires. 

Deseosos de transar las desavenencias desgraciadamente suscitadas, poniendo término a una guerra destructora entre pueblos hermanos, los infrascriptos, ciudadanos de una parte los Drs. Don Mariano Andrade y Don Matías Patrón, diputados por Buenos Aires y de la otra el Dr. Don Juan Francisco Seguí y Don Pedro Tomás de Larrachea, Diputados por Santa Fe, han acordado y convenido en los artículos que subsiguen, canjeados previamente los respectivos poderes: 

Artículo 1: Habrá paz, armonía, y buena correspondencia entre Buenos Aires, Santa Fe, y sus Gobiernos, quedando aquéllos, y éstos en el estado en que actualmente se hallan; sus respectivas reclamaciones, y derechos salvos ante el próximo Congreso Nacional. 

Artículo 2: Los mismos promoverán eficazmente la reunión del Congreso dentro de dos meses remitiendo sus Diputados á la Ciudad de Córdoba por ahora, hasta que en unidad elijan el lugar de su residencia futura. 

Artículo 3: Será libre el Comercio de Armas, Municiones, y todo artículo de guerra entre las partes contratantes. 

Artículo 4: Se pondrán en plena libertad todos los Prisioneros que existiesen recíprocamente pertenecientes á los respectivos territorios con los vecinos, y hacendados extraídos de ellos. 

Artículo 5: Son obligados los Gobiernos a remover cada uno en su territorio todos los obstáculos que pudieran hacer infructuosa la paz celebrada, cumpliendo exactamente las medidas de precaución con que deben estrecharse los vínculos de su reconciliación y eterna amistad. 

Artículo 6: El presente tratado obtendrá la aprobación de los SS. Gobernadores en él día, y dentro de ocho siguientes, será ratificado por las respectivas Honorables Juntas representativas. 

Artículo 7: Queda garante de su cumplimiento la Provincia mediadora de Córdoba, cuya calidad ha sido aceptada; y en su virtud -Subscriben los SS, que la representan, que tanto han contribuido con su oportuno influjo a realizarlo. 

Fecho y sancionado en la Estancia del finado Dn. Tiburcio Benegas á las márgenes del Arroyo del Medio el día 24, de Noviembre del año del Señor 1820, undécimo de la libertad de Sud América. 

Mariano Andrade. Matías Patrón. Juan Francisco de Seguí. Pedro Larrachea. Dr. Saturnino de Allende. Lorenzo Villegas. Cuartel General en Ramallo, Noviembre 24 de 1820. 

Aprobado y diríjase a la Honorable Junta Representativa de la Provincia para su ratificación. 

MARTÍN RODRÍGUEZ. Elías Galván, Secretario Militar. Ratificado en los siete artículos que comprende. Sala de Sesiones de la Junta Provincial de Buenos Aires, a 27 de noviembre de 1820. Ildefonso Ramos Mejía, presidente. Pedro Sebastiani, Vice-presidente. Félix Álzaga. Antonio Millán. Francisco 

Delgado. Santiago Rivadavia. Francisco Antonio de Escalada. Juan José Paso. Eulogio del Pardo. Rudecindo Linares. Mariano de la Fuente. Salvador Aguirre. Ignacio Correa. Severino Piñero. Victorio García de Zúñiga. Esteban Romero. Dr. Esteban Agustín Gazcón. Vocal Secretario. Es copia, Dr. 

Gazcón. 

Por lo tanto, y para que se tenga su debido cumplimiento y llegue a noticias de todos, publíquese por bando solemne, imprímase, fíjese en los parajes públicos acostumbrados y circúlese a quien corresponda. MARCOS BALCARCE. Manuel Obligado, Secretario. Es copia. Don José Ramón de Basavilbaso. 

UNITARIOS Y FEDERALES

Los gobiernos provinciales 1820-1824

La crisis política de 1820 fue el fruto de un proceso en el cual la batalla de Cepeda fue uno de los detonantes. Su consecuencia fue la desintegración de las Provincias Unidas del Río de la Plata como unidad política. La disolución del Directorio y del Congreso dejó a las Provincias Unidas sin un gobierno central. Ante esta situación, cada territorio provincial formó un estado autónomo que comenzó a organizarse políticamente. Sus límites no eran precisos y comenzaron a delimitarse a partir de las ciudades. Si bien las provincias estaban de acuerdo en integrarse en un estado nacional existían diferentes visiones sobre cómo debían organizarse.

Entre tanto, las principales autoridades de las provincias fueron las Juntas o Salas de Representantes que tenían el poder de legislar y, en algunos casos, dictar constituciones. Los representantes eran por lo general, miembros de los grupos sociales y económicos más poderosos de la sociedad provincial.  En la mayoría de los casos las legislaturas provinciales dictaron constituciones a través de las cuales se organizaban las instituciones, se establecía la forma de gobierno y su relación con los habitantes. Estas constituciones respetaban el principio republicano de división de poderes. El poder ejecutivo estaba a cargo de un gobernador y era controlado por el poder legislativo y el poder judicial.

En la práctica los gobernadores de este período eran por lo general caudillos que imponían su voluntad por sobre las instituciones. El caudillo era el jefe local, político y militar, que se destacaba por sus condiciones de líder, su capacidad política y su influencia sobre los distintos sectores de la sociedad local, y en particular sobre los sectores rurales. Diversos autores han asociado a los caudillos con el desorden, la anarquía, el poder despótico, y con relaciones paternalistas y autoritarias. 

Sin embargo, esas afirmaciones pueden ser matizadas. Debemos recordar que no estaba claro –ni era compartido– el proyecto de país que se quería construir. Los caudillos, por lo tanto, impulsaban proyectos muy diversos y asumían en sus territorios el control político de acuerdo al proyecto en el cual creían, frente a la imposibilidad de construir un Estado único.

Los enfrentamientos políticos que impedían la organización nacional  expresaban problemas más profundos que correspondían a las oposiciones que se generaban entre los grupos sociales, los intereses provinciales o regionales y las diferencias que se producían entre el campo y la ciudad. Estos grupos, enfrentados entre sí, representaban proyectos de país diferentes y en este período de nuestra historia los identificamos como unitarios y federales. 

Ambos responden a las formas en que concebían la organización política del país. El proyecto unitario o centralista promovía la subordinación de los poderes provinciales al poder central. Por su parte, los diversos proyectos federales entendían que la organización del Estado nacional debía basarse en la asociación de Estados provinciales que delegaran parte de su poder al Estado central.

Sin duda, la disputa principal era entre el unitarismo y el federalismo. Pero junto a ésta se presentan otras de gran importancia. Por ejemplo, el enfrentamiento entre Buenos Aires y el Interior. Este conflicto no se puede analizar en términos de “diferencias entre unitarios y federales”. Si bien la mayoría de los centralistas se encontraba en la antigua capital del Virreinato, los había por todos lados. Muchos comerciantes de las ciudades del interior consideraban que sus intereses estarían mejor asegurados por un gobierno central, y, como veremos a continuación, Buenos Aires era un espacio en el que las ideas federales también tenían muchos adeptos.

A su vez, dentro de los grupos federales es necesario también señalar las fuertes diferencias existentes. Podemos dividirlos en tres grupos. Los federales del Interior, los federales del Litoral, y los federales de Buenos Aires, estos últimos ordenados a su vez en “doctrinarios y autonomistas”. 

ACTIVIDADES:

1. Justificá las siguientes afirmaciones:

a) La batalla de Cepeda condujo a las provincias a organizarse de manera autónoma.

b) En las provincias existía un único poder concentrado en la figura de “el caudillo”.

c) Los enfrentamientos entre las provincias eran políticos, sociales y económicos.

PERONISMO 1946-1955

ACTIVIDAD INTEGRADORA: PERONISMO 1946-1955.

a) Analizá las imágenes que se presentan a continuación.

b) Asociá cada imagen con algunos de los temas desarrollados sobre el peronismo y contextualizalas mediante un breve texto explicativo.
c) Organizá la información para armar una presentación de diapositivas o un video sobre el peronismo.

TEXTOS:
Elecciones de 1946
Primer Gobierno de Peron
Segundo Gobierno de Peron
Peronistas y Antiperonistas 

Peronismo y Sindicatos y empresarios

PERONISTAS Y ANTIPERONISTAS

PERONISTAS Y ANTIPERONISTAS, GOLPE DE 1955

La sociedad se dividió en dos grupos enfrentados: El peronismo fue apoyado por los sectores populares obreros, una parte de la pequeña y mediana burguesía empresaria nacional, gran parte del Ejército (militares nacionalistas) y La Iglesia Católica durante el primer mandato.

Los sectores antiperonistas estaban compuestos por la gran burguesía Industrial y agraria, asociada al capital extranjero, que veían con desconfianza al creciente poder de los obreros apoyados por la sanción de las leyes laborales a favor de los trabajadores; El Ejército, principalmente la Marina (liberales); Un gran sector de la clase media; Estudiantes universitarios agrupados en la FUA (Federación de Universitarios Argentinos); Partidos Políticos (UCR, Socialismo, etc.) La Iglesia Católica, durante la segunda presidencia a causa de la actividad caritativa y la creciente mistificación de Eva Perón tras su muerte, que lleva a la ruptura de relaciones con la Iglesia cuando se legaliza la prostitución, sanciona la Ley del Divorcio y de reconocimiento de los hijos ilegítimos, y separa la Iglesia de la Educación (educación laica).

El sector antiperonista conspiró contra el gobierno, el 16 de junio de 1955 aviones de la Marina y de la Fuerza Aérea, con menor apoyo del Ejército, bombardearon la Plaza de Mayo. Fueron masacradas más de mil personas inocentes que circulaban por la zona. Perón logro salvar su vida y los conspiradores se rindieron.

Los sectores peronistas esa misma noche incendiaron varias Iglesias en la Capital. También hubo hechos similares en algunas ciudades del interior de Argentina. Perón hizo algunas concesiones a la oposición pidiendo la renuncia de algunos ministros. Sin embargo, frente al aumento de la violencia de la oposición, a fines de agosto de 1955 dio por terminada la tregua y pronunció un discurso afirmando que por cada peronista que cayera, caerían 5 opositores.

El 16 de septiembre de 1955 se produce la sublevación autodenominada “Revolución Libertadora”, movimiento revolucionario encabezado por el general Eduardo Lonardi, que derrocó al gobierno constitucional del general Juan Domingo Perón.

PERONISMO, EMPRESARIOS Y SINDICATOS

EL ESTADO Y LOS EMPRESARIOS

Hasta 1946 la Unión Industrial Argentina (UIA) era la más importante organización de empresarios. Su dirección representaba los intereses de las grandes empresas nacionales y extranjeras. La política de este organismo, finalizada la Segunda Guerra Mundial, se orientó a fomentar la exportación de manufacturas.

Con la llegada del peronismo al gobierno, el sector empresarial más beneficiado fue el de los pequeños y medianos empresarios, en su mayoría ligados a la producción destinada al mercado interno. Para debilitar a la UIA, Perón le quitó la personería jurídica en julio de 1946. El respaldo de los pequeños y medianos empresarios hacia el gobierno se afianzó cuando éstos crearon la Confederación General Económica (CGE), a la que luego se sumarían también grupos de grandes empresarios. Esta entidad fue la única reconocida por el gobierno como representación de los empresarios.

Los terratenientes, por su parte, fueron desde un principio férreos opositores del peronismo. Habían sido desplazados del poder político y despojados de una parte de los beneficios que obtenían del comercio de exportación —a través del IAPI, el Estado transfería una parte de los ingresos del sector agrario al industrial—. A esto se sumó el alza de los salarios de los trabajadores rurales, lo que implicaba la elevación de los costos y, por lo tanto, una reducción de sus ganancias. La promulgación del Estatuto del Peón significó para los terratenientes una alteración de las tradicionales relaciones paternalistas en el campo.

Este conjunto de medidas provocó la resistencia de las organizaciones representativas del sector, como la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Confederaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP).

LOS SINDICATOS Y EL PERONISMO

Luego de las elecciones de 1946 y la disolución del Partido Laborista, las relaciones entre Perón y los sindicatos se volvieron crecientemente asimétricas. Los sindicatos vivieron entonces un proceso de subordinación al Estado que, sin embargo, nunca fue total ni generalizado. Durante los primeros años del gobierno peronista, los sindicatos tuvieron la suficiente fuerza y autonomía para imponer los convenios colectivos más favorables a los trabajadores de toda su historia y encabezar conflictos de forma exitosa. Después de 1950, la cantidad de huelgas disminuyó, en parte porque las demandas obreras ya habían sido satisfechas y en parte porque el Estado comenzó a presionar a las direcciones sindicales para que evitaran los enfrentamientos con los patrones. Si bien las huelgas disminuyeron en los últimos años del peronismo, tuvieron lugar algunos conflictos que no contaron con el visto bueno del gobierno, como el ferroviario de 1951 y el metalúrgico de 1954.

A pesar de la subordinación al Estado, éste le otorgó un arma formidable para su consolidación como clase social. La Ley de Asociaciones Profesionales determinó la existencia de un solo sindicato por rama de actividad. Este sindicato único contaba así con un fuerte poder de negociación ante los empresarios. Además, permitía la presencia gremial en las plantas fabriles, a través de las comisiones internas, cuya organización y funcionamiento le cupo a los sindicatos y no al Estado.

Este fenómeno no dejaba de irritar a los empresarios, quienes se quejaban amargamente de que los trabajadores “tocaban un silbato y paralizaban la fábrica”. El crecimiento de las organizaciones sindicales en aquellos años fue tan notable como inédito. En 1950, el número de gremios se había triplicado respecto de 1941, mientras que la cantidad de afiliados creció de aproximadamente medio millón en 1945 a cinco millones en 1950. La afiliación sindical era promovida desde el Estado.

Si bien el sindicalismo se había peronizado, nunca se convirtió en una mera parte del Estado. La prueba más palpable fue el mantenimiento de las estructuras sindicales una vez caído el gobierno. Tras la asunción de Perón, se produjo la lenta y silenciosa disolución de la mayor parte de los gremios antiperonistas. Sin embargo, algunos sindicatos opositores como La Fraternidad o la Federación Gráfica Bonaerense (FGB) lograron sobrevivir.

Desde 1946 se generalizaron al conjunto de la masa trabajadora las medidas particulares tomadas en el período 1943-1946. Los salarios reales, que habían crecido notablemente entre 1943 y 1945 (10% más altos), se incrementaron a partir de la firma de convenios colectivos de trabajo en todas las ramas.

Se ampliaron, además, las políticas de bienestar en las que los sindicatos tuvieron un papel clave: vacaciones pagas, turismo social, licencias por enfermedad. En cuanto a los planes de salud, además de la cobertura sindical, se llevó adelante bajo la dirección del ministro Ramón Carrillo una política de construcción de establecimientos asistenciales en escala inusitada.

Fue creado el Instituto Nacional de Previsión Social. La difusión de las cajas jubilatorias (que hasta entonces sólo habían tenido los sindicatos más fuertes) permitió que todos los trabajadores, incluso los peones de campo, accedieran a los beneficios previsionales. En 1949 estas cajas contaban con aproximadamente tres millones y medio de afiliados. El aumento de los salarios reales y la consecuente mejora social permitieron un acceso mayor a las universidades: se suprimieron los aranceles y el número de alumnos creció considerablemente. Otras medidas se combinaban para elevar el nivel de vida: congelamiento de alquileres, control de precios máximos, leyes de salarios mínimos, planes de vivienda, etcétera.

Tanto por los éxitos gremiales como por las medidas intervencionistas del Estado que frenaban los precios de consumo masivo, se produjo en esta época la mayor tasa de aumento de salarios reales de la historia argentina hasta ese momento. Ello implicó, en relación con el nivel de vida alcanzado por los asalariados, la más profunda fractura respecto del pasado.

PERON, SEGUNDO GOBIERNO

LA REFORMA CONSTITUCIONAL Y LAS ELECCIONES DE 1951

Una de las reformas políticas más importantes realizadas por el peronismo fue la sanción de una nueva Constitución Nacional, en 1949. En ella se incorporaron los derechos sociales conquistados por el movimiento obrero y la legalización de los cambios económicos, especialmente la política de nacionalizaciones del comercio exterior, de los combustibles y del transporte. En el orden político se implantó la reelección presidencial y la instauración del voto directo en los comicios nacionales. La oposición resistió a la nueva Constitución porque consideraba que era el resultado del afán personalista de Perón, cuyo deseo excluyente era lograr la reelección presidencial. Además, los socialistas se quejaron porque entre los derechos de los trabajadores no figuraba el derecho de huelga y los conservadores denunciaron el perfil excesivamente presidencialista de la reforma. Ésta finalmente fue aprobada y tuvo vigencia hasta la caída de Perón en 1955.

LA CRISIS ECONÓMICA DE 1952: LOS LÍMITES DEL MODELO INDUSTRIALISTA

Hacia 1952 el modelo industrialista implementado por el peronismo comenzaba a dar muestras de debilidad. Una gran influencia tuvo la recuperación económica de los países europeos, ya que éstos disminuyeron sus compras a la Argentina y se produjo, además, una baja en los precios de las materias primas.

Las dificultades económicas habían comenzado varios años antes. En 1949, una prolongada sequía redujo al mínimo los saldos exportables y, hacia la década del ‘50, el rendimiento del campo argentino había bajado aproximadamente en un 18% respecto de 1946. A pesar de que la Argentina había desarrollado en forma notoria la actividad industrial, la base de la economía continuaba dependiendo del nivel de las exportaciones agrarias, ya que una disminución importante en este sector alteraría —como finalmente ocurrió— al resto de las actividades económicas.

Como consecuencia de la disminución del ingreso rural proveniente de las exportaciones, el gobierno ya no pudo recurrir a la transferencia de recursos para la actividad industrial y el mantenimiento de altos salarios. Los empresarios tuvieron dificultades para la obtención de créditos del Estado y el rendimiento de sus industrias disminuyó.

Esta situación provocó que los salarios no continuaran con un sostenido ascenso y que en algunas áreas disminuyeran. Por ello, desde 1949 y hasta 1952, comenzaron a surgir reclamos salariales no satisfechos. La mayoría de las huelgas tuvieron como centro de la crítica a los empresarios —los sindicatos decían que éstos querían salvarse de la crisis bajando sus salarios— y no al gobierno de Perón, a quien consideraban víctima de las presiones oligárquicas. El equilibrio buscado por Perón entre los intereses de los obreros y de los empresarios —la armonía entre el capital y el trabajo— comenzaba a presentar signos de inestabilidad. El gobierno peronista se encontró entonces ante la crisis más profunda desde que Perón llegó a la presidencia en 1946.

LA REELECCIÓN DE PERÓN (1952—1955).

Para las elecciones de noviembre de 1951 la CGT propuso como candidata a la vicepresidencia a Eva Perón. Esto provocó una gran polémica dentro y fuera del peronismo. Los sectores más conservadores de la sociedad, entre ellos las Fuerzas Armadas, resistieron a su candidatura. Según Miguel Ángel Scenna, historiador argentino contemporáneo, “Tradicionalmente la esposa del Presidente era una figura decorativa sólo apta para aparecer en funciones de protocolo o tareas de beneficencia. Eva Perón irrumpió con violencia para hacer trizas esa venerable y apacible imagen. Mujer de lucha, no sólo se metió en la política, sino que encarnó al sector más radicalizado del peronismo. A poco andar, sin ocupar ningún cargo oficial, era la persona más influyente después de Perón”.

El 26 de julio de 1952 —a los 33 años— falleció luego de una larga enfermedad en la que había declinado su candidatura en un memorable discurso. Para la mayoría de los trabajadores, el nombre de Evita se convirtió en el símbolo de las conquistas sociales conseguidas.

A pesar de las dificultades económicas, en las elecciones realizadas en 1951 el peronismo obtuvo un triunfo arrollador. La fórmula Perón—Quijano obtuvo el 62% de los votos, contra el 32% de la fórmula de la Unión Cívica Radical, encabezada por Ricardo Balbín. El resto de los Partidos —Socialista, comunista, Demócrata— sumaron en conjunto el 4% de los votos.

Estos resultados permitieron al peronismo inaugurar un nuevo período gubernamental, contando con una sólida mayoría en ambas cámaras legislativas. Los partidos de la oposición, frente a este nuevo fracaso electoral, comenzaron a reorganizarse y algunos de ellos a pensar con mayor firmeza en la posibilidad de nuevos intentos conspirativos en contra del peronismo.

EL SEGUNDO PLAN QUINQUENAL

Para abordar los problemas estructurales de la economía, el gobierno propuso en 1953 un Segundo Plan Quinquenal. Durante el primer gobierno peronista la Argentina casi no dependía del abastecimiento externo de bienes de consumo. La dependencia se había trasladado a los combustibles — petróleo—los bienes de capital —maquinarias y tecnología— y los insumos y las materias primas que la actividad industrial requería.

El Segundo Plan Quinquenal se propuso resolver estas deficiencias. La estrategia consistía en impulsar el desarrollo del sector agrario, incrementar las industrias de base —en especial las de bienes de capital y combustibles— y modificar la Ley de Inversiones Extranjeras, con la finalidad de favorecer la entrada de capital del exterior. El nuevo plan significó el abandono de la política de nacionalizaciones y del IAPI—como ente regulador del comercio exterior—característicos del primer plan.

La balanza de pagos resultaba negativa y se debió recurrir a préstamos en el extranjero. Impulsado por la necesidad de desarrollar la industria pesada para salir de la crisis. En 1953 se sanciona una ley de radicación de capitales extranjeros que permite la instalación de empresas multinacionales y se establece el congelamiento de los sueldos por dos años, que marca un alejamiento entre el Peronismo y los trabajadores. A pesar de esto, los sectores sindicalistas seguían apoyando a Perón.

Estos cambios en la orientación de la política económica generaron un profundo debate dentro del peronismo. Los empresarios se mostraron, en general, satisfechos con estas nuevas medidas. El movimiento obrero, si bien continuó dando muestras de respaldar incondicionalmente a Perón, comenzó a tomar distancia de algunas de las decisiones económicas tomadas por el gobierno.

Conforme a los cambios sostenidos por el nuevo Plan Quinquenal, el gobierno peronista impulsó acuerdos con compañías extranjeras para la explotación del petróleo en nuestro país. En abril de 1955 intentó firmar un contrato con la empresa norteamericana Californian Co, pero éste no fue aprobado en el Congreso. Allí se encontró no sólo con la oposición de los radicales sino también con la de un sector de la bancada peronista —encabezado por Amado Olmos y John William Cooke—.También rechazaron la firma del contrato propuesto por el Poder Ejecutivo, la CGT y los periódicos oficialistas “Democracia” y “De Frente”.

PERON, PRIMER GOBIERNO

EL PRIMER GOBIERNO DE PERÓN (1946-1952)

Primer Plan Quinquenal: un nuevo modelo económico.

El modelo económico iniciado en 1.946 intentó dar respuesta a las demandas de los sectores que integraban el bloque social peronista: los trabajadores y sectores de pequeños y medianos empresarios.

El Primer Plan Quinquenal (1947-1951) era un programa con el que el Estado planificaba la economía, fijando los objetivos generales que se deseaban lograr al cabo de cinco años. Buscó aprovechar la crisis de posguerra: gran disponibilidad de divisas y altos precios de las materias primas en el mercado mundial. Se comienza con la nacionalización de los Servicios Públicos (gas, telefonía, flota mercante, etc.), destacándose la readquisición de los FFCC (resultaban poco redituables para Inglaterra y se aceptaron como cancelación de deudas por exportaciones que había contraído Gran Bretaña durante la Guerra Munidal.

La planificación económica del Estado procuró una mayor justicia social, a partir de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y alentar el desarrollo industrial reclamado por los empresarios. Este modelo industrialista se basó en el aumento del consumo interno, incentivado por las mejoras salariales otorgadas. En un discurso pronunciado en octubre de 1946 Perón presentó el Primer Plan Quinquenal y explicó los lineamientos principales de la política económica de su gobierno:

“Para aumentar nuestras conquistas sociales necesitamos aumentar la riqueza y aumentar el trabajo. Nuestro plan considera, en esta etapa, multiplicar nuestra riqueza y repartirla convenientemente; y con ello, las nuevas conquistas sociales han de salir de nuestro propio trabajo, sin perjudicar a nadie. A ello tiende nuestro plan quinquenal. Debemos producir el doble; multiplicarlo por cuatro mediante una buena industrialización, distribuir equitativamente la riqueza y aumentar el estándar de vida de nuestras poblaciones hambrientas, que son la mitad del país; cerrar ese ciclo con una conveniente distribución y comercialización de esa riqueza. Y cuando este ciclo se haya cerrado, no tendremos necesidad de mendigar mercados extranjeros porque tendremos el mercado dentro del país, y habremos solucionado con ello una de las cuestiones más importantes: la estabilidad social.”

Un año después, el 9 de julio de 1947, el gobierno peronista declaró, en Tucumán, la independencia económica. Ésta, junto a la justicia social y la soberanía política se convertirían en las tres banderas históricas del peronismo.

Industrialización, nacionalizaciones y política agraria

En la Argentina, a diferencia de lo ocurrido en algunos países europeos, no hubo una burguesía industrial poderosa, capaz de liderar un proceso de industrialización. Fue el Estado el responsable de producir la modificación de la estructura productiva, impulsando un rápido crecimiento industrial y nacionalizando importantes sectores de la economía. Entre 1946 y 1950 el Estado fue asumiendo un rol de empresario, haciéndose cargo de diversas tareas que anteriormente correspondían a iniciativas del sector privado. En 1946 se nacionalizaron el Banco Central y los depósitos bancarios, permitiéndole al Estado controlar la política financiera del país y orientarla a través del otorgamiento de créditos hacia una política de incentivo de la actividad industrial.

En su primer año de gobierno, el peronismo creó el IAPI —Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio—.  Este organismo ejerció un rol monopólico en la comercialización de productos agrícolas, principalmente trigo, comprando en el mercado interno y vendiendo en el internacional. De este modo el Estado pasó a controlar el manejo del comercio exterior.

El IAPI era quien fijaba los precios de las exportaciones agrícola- ganaderas, regulaba las importaciones y resguardaba la producción nacional. Con el funcionamiento de este organismo como agente de comercialización, el Estado obtuvo un importante caudal de recursos, que derivó en parte hacia la actividad industrial, y en parte hacia la inversión social. Esta transferencia de ingresos del sector agrario al industrial provocó una fuerte oposición de los sectores terratenientes y de las empresas privadas vinculadas al comercio exterior, como Bunge y Born y Dreyfus.

De este modo, protegida por la política económica, la actividad industrial —particularmente las pequeñas y medianas empresas productoras de bienes de consumo e intermedios de capital nacional—creció a un ritmo sostenido  a lo largo de toda la década del ’40. El número de establecimientos pasó de 846.111 a 1.169.000.

Política Social

La ampliación de derechos sociales a los trabajadores  fue uno de los aspectos más sobresalientes del peronismo. Estuvo acompañado por medidas que buscaron a una mayor centralización y control por parte del Estado. Las políticas sociales del peronismo, se concentraron en satisfacer las demandas de los grupos sindicalizados. 

Su esposa, Eva Duarte, Primera Dama argentina; actriz e hija ilegítima, fue el blanco de burla y desprecio de la Oligarquía. "Evita" se convirtió en el puente entre Perón y los sectores populares no sindicalizados, fue el símbolo del Estado de bienestar.

En 1950 se crea la Fundación Eva Perón, cuya finalidad era obtener una base de apoyo más amplia mediante la incorporación al sistema de sectores sociales que no estaban sindicalizados. Así, esta institución, a través de la “ayuda social”, funcionó como el nexo que permitía la incorporación de los elementos considerados más débiles de la sociedad.

El peronismo, desde sus orígenes, impulsó la movilización de las mujeres. El sufragio femenino, otorgado en 1947, consolidó su inclusión en las políticas del Estado. La participación política de las mujeres es legitimada del mismo modo que su ingreso al mundo del trabajo vía la defensa del hogar y de sus hijos. La igualdad política de hombres y mujeres, se complementó con la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad compartida que garantizó el artículo 37 de la Constitución de 1949. El texto fue directamente escrito por Eva Perón.  La  muerte de Evita, víctima del cáncer, en 1952 fue un duro golpe para el Peronismo.

En 1949 se crea el Ministerio de Salud para llevar a cabo un programa sanitarista con el objetivo de crear de un sistema unificado de salud preventivo, curativo y de asistencia social de carácter universal. Se hicieron campañas para combatir enfermedades endémicas como el paludismo, la tuberculosis y la sífilis. La política sanitaria se extendió a  las escuelas al hacer obligatoria la vacunación de los estudiantes.

En el plano educativo, su meta fue educar a las clases obreras para transformarlas en mano de obra calificada; abre escuelas técnicas en todo el país (CONE) y funda la Universidad Tecnológica (nocturna, para que resultara accesible a los trabajadores). Por otro lado, no todas sus acciones fueron tan benévolas. Abolió la autonomía de las Universidades Nacionales decretando nuevos formas de elección de regentes y llevando a cabo un “vaciamiento” de las aulas (persecución de alumnos mediante organizaciones peronistas internas y cesanteos o renuncias de docentes con ideas antiperonistas).  Su accionar le valió un gran número de simpatizantes, así como también un gran número de opositores; la sociedad se dividía entre peronistas y antiperonistas.

Prácticas Políticas

La llegada del peronismo al gobierno significó el advenimiento de nuevos sectores sociales a la escena política. Las masas obreras se incorporaron plenamente a la vida política, porque al ejercicio del sufragio le agregaron otras formas de participación: por medio de sus organizaciones se convirtieron en un factor que influyó sobre las decisiones del gobierno. Además, el movimiento obrero obtuvo un conjunto de derechos sociales que no sólo mejoraron sus condiciones de vida sino que también le permitieron obtener su dignificación como trabajadores.

También pudieron participar por primera vez en la política nacional las mujeres El sistema político argentino de los años ‘40 adquirió los rasgos propios de una sociedad de masas. La participación política abarcó integralmente a todos los sectores de la sociedad y se realizó no sólo a través del voto popular sino también del desarrollo de organizaciones intermedias como los sindicatos, las unidades básicas y diversas asociaciones barriales y entidades vecinales. También las concentraciones públicas —las más importantes se realizaron en la Plaza de Mayo— se constituyeron en una nueva y frecuente forma de participación política directa de los sectores populares.

Las concentraciones populares en Plaza de Mayo, acompañadas por los discursos de Perón desde los balcones de la Casa de Gobierno, fueron acontecimientos políticos habituales durante los dos gobiernos peronistas. En estos actos, siempre fue destacada la presencia de los sindicatos encabezados por la Confederación General del Trabajo.  Una de las clásicas celebraciones peronistas eran las del 1° de mayo, el Día de los Trabajadores. La otra fecha en la que se realizaban concentraciones masivas de apoyo al gobierno era el 1 7 de octubre, consagrado por el Estado como el Día de la Lealtad.